Un juzgado salvadoreño ordenó este miércoles la captura internacional del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua, acusado de delitos de corrupción por el desvío de 351 millones de dólares durante su gestión.
“Ordeno la emisión de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional” del expresidente Funes y otras 14 personas más, señaló un tribunal de San Salvador divulgada por la Fiscalía General de la República (FGR). Tanto el expresidente como las otras 14 personas no presentaron abogados para su defensa en una audiencia celebrada el pasado 11 de junio.
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La orden de captura del expresidente se expide por “la probable comisión de los delitos calificados provisionalmente como peculado y lavado de dinero y activos (…), en perjuicio de la administración pública y del orden socioeconómico”, indicó la resolución del juzgado Quinto de Paz.
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Además de Funes, el juzgado ordenó la captura de la actual pareja del expresidente, Ada Michell Guzmán, y de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco, quienes también se encuentran asilados en Nicaragua.
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El pasado 11 de junio, el juzgado Quinto de Paz ordenó la detención provisional de otras 17 personas relacionadas con el caso de Funes, entre ellas la exprimera dama Vanda Pignato, quienes están acusadas de peculado y lavado de dinero y activo en perjuicio de la administración pública. El juzgado ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, incautación de bienes inmuebles y vehículos de Funes y los otros acusados.
La Fiscalía esperaba la resolución del juzgado para iniciar los trámites y pedir a Nicaragua la extradición de Funes.
El asilo en Nicaragua
El expresidente se asiló en Nicaragua por considerarse un perseguido político en El Salvador, lo cual ha sido rechazado por el fiscal general, Douglas Meléndez.
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De acuerdo con la Fiscalía, Funes habría lavado unos 10 millones de dólares mediante transacciones efectuadas por sus hijos o familiares de su pareja. Parte de esa cifra fue lavada en transacciones como compra de automóviles, depósitos a empresas de comunicaciones, pagos de tarjetas de crédito o depósitos en efectivo a cuentas bancarias de familiares o allegados, según la Fiscalía.