De forma constante la Policía Nacional ha incurrido en los últimos días en una serie de delitos, al ejecutar acciones en sociedad con civiles encapuchados y portando armas de fuego de uso restringido.
“Las autoridades están cometiendo el delito de crimen organizado están asociándose a civiles para cometer delitos, se organizan se estructuran y cometen delitos”, aseguró el asesor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, quien señala que esto se resume en que “estamos ante un estado fallido, donde l ley es cualquier cosa y donde utilizan la ley a su conveniencia”.
Uno de los casos que ha conocido la CPDH, fue el Wascar Montenegro, un taxista y promotor de deporte, cuyo delito fue que el sábado 23 de junio apoyó a la familia de Arturo Gómez, víctima de un disparo por parte de un francotirador, en Villa Austria, gestionó la entrega del acta de defunción, que en el Distrito Siete se negaban a entregársela.
Al día siguiente de eso, el domingo la casa de Montenegro fue allanada policías junto con civiles encapuchados y armados, por lo que consideraron un secuestro.
Pese a un recurso de exhibición personal y el nombramiento de un juez ejecutor, la Policía en El Chipote, ni siquiera lo atendió, en clara violación a la ley de amparo, que es de rango constitucional.
Igual sucedió con Roberto Cruz, Marily Roque, Manuel Tijerino, Francisco Castro y Solamne Centeno, líderes del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa, detenidos la mañana del martes en Ciudad Darío. La hermana de Castro María Auxiliadora Castro que presentó la denuncia por los cinco lo calificó de secuestro, porque utilizaron igual procedimiento, indicó Cuevas. Por la tarde del mismo martes supieron que están detenidos en El Chipote.
“Hablan de una persecución brutal desde hace tiempo los consideran a ellos secuestrados, porque civiles armados no están autorizados para detener a una persona”, apuntó Cuevas.
Tras destacar que “si hay un delito sería por parte de las autoridades porque no pueden asociarse con civiles armados para hacer capturas, estamos ante la comisión de delito de crimen organizado por parte de las autoridades que les detuvieron”.
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Dado la constante con que se registran estos ilícitos, Cuevas considera que pareciera que existe una política de estado para que en todo el país la Policía se asocie con civiles armados que “andan al margen de la ley”. En un país donde se respeta el estado de derecho la Policía no podría actuar de la forma en que lo hace la Policía Nacional “y si sucediera estarían siendo procesados”, aseguró el defensor de derechos humanos.
Persecución y amenazas
Los cinco líderes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa han permanecido en los tranques instalados en la salida suroeste de la ciudad de Matagalpa junto a universitarios y pobladores autoconvocados, en protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega.
María Auxiliadora Castro aseguró en la CPDH que desde hace tiempo los familiares de los detenidos han sido asediados, amenazados de muerte tanto a través de las redes sociales como a nivel personal.
La persecución en contra de los jóvenes se ha extendido a la familia.
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denuncias había recibido la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en los dos últimos días, muchos de los casos están relacionados con detenciones arbitrarias por parte de la Policía.