Centenares de personas llegaron el jueves a bordo de mototaxis, caponeras y vehículos particulares para comprar lotes de la finca Montecristo, ubicada frente al Country Club Nejapa, que están siendo vendidos a 500 córdobas, de manera ilegal por tomatierras que usurpan la propiedad.
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Esta acción es ilegal, pero “es promovida por operarios políticos del partido en Gobierno para ganar nuevamente la voluntad popular, es decir, están promoviendo otra piñata”, expresó el abogado Alberto Novoa. Él fue procurador general de la República.
La invasión de la propiedad privada tomó fuerza entre mayo y junio en los diferentes departamentos del país y es interpretada, por abogados y afectados, como represalia contra la empresa privada por romper el modelo de diálogo que tenía el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según compradores, dirigentes del partido de gobierno venden de manera ilegal terrenos de la Finca Montecristo a 500 Córdobas la lotificación frente al Country Club Nejapa esta mañana foto @JaderFlores1 @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/vqY6fQffJV
— Rosa Membreño (@RosaMembreo) 28 de junio de 2018
Según Novoa, la solución de este problema depende de la salida política que vaya a resultar de esta crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril de 2018 a la fecha, donde el pueblo se alzó en demanda de democratización y justicia en Nicaragua, para luego entrar a la fase jurídica.
“Si el actual Gobierno sale de esta crisis, va a mantener la posesión ilegal de los tomatierras, porque ellos lo han propiciado a través de mecanismos de hechos (secretarios políticos, Consejos del Poder Ciudadano) esta situación, pero no se puede decidir en este momento sus repercusiones en el país, porque depende de quién se mantenga en el Gobierno”, explicó Novoa.
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Los invasores de la finca Montecristo llegaron desde el sábado 23 de junio y desde entonces hay grandes filas para conseguir un lote, expresó un cuidador de la propiedad.
“Por la noche también tiran morteros. El dueño de la finca tiene sus documentos en mano para proceder a recuperarlas de manera legal”, agregó otro cuidador de dicha propiedad, que no quiso revelar su nombre por seguridad.
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Los invasores son claros en decir que fue el Gobierno el que orientó la toma de tierra. “El Gobierno nos ofreció estas tierras, vale 500 córdobas el pedazo de terreno”, explicó uno de los que hacían fila.
Instituciones indolentes
Algunos de los afectados han interpuesto la denuncia en la Policía de su localidad, pero afirman que no hacen nada. Muchas veces ni les quieren tomar la denuncia. “No esperemos que las instituciones (Policía, Fiscalía, Procuraduría) hagan algo para investigar y sancionar a estas personas que dirigieron y autorizaron la toma de tierras, porque representan al mismo Gobierno que las mandó a invadir”, agregó Novoa.
Según el exprocurador de la República, si esta crisis no se supera, el partido de gobierno va a mantener la posesión de los tomatierras y si triunfa la oposición al Gobierno, se encontrará con una situación difícil para poder desalojar a los tomatierras y “de hecho se transformará esta situación jurídica en una nueva piñata”, comentó Novoa.
Según el abogado, el gobierno de Daniel Ortega no buscará a los auspiciadores de estas invasiones, porque “la base política popular se consigue con esta toma de tierra y quiere acrecentar su fortaleza popular que ha perdido”.
En las últimas semanas y tras la ruptura Gobierno-Cosep, las invasiones de tierra en los diferentes departamentos se han propagado a la vista de la Policía y bajo el silencio del Ejército, que en años pasados se mostraban interesados en resguardar el orden en el campo.
Los tomatierras no dicen específicamente quién les orientó ir a meterse a propiedades privadas, unos alegan pobreza y otros dicen que supuestamente autoridades municipales y políticos de barrios les dijeron que podían tomar lotes.