Proponen realizar plebiscito para que el pueblo decida sobre Daniel Ortega

Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia entregarán su propuesta a la Alianza Cívica para que presione al Gobierno en que acepte la vía democrática para solucionar la crisis

Daniel Ortega y Rosario Murillo en el inicio del diálogo nacional en el seminario de Fátima en Managua. LA PRENSA/ CARLOS VALLE. Dipilto

La pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo. LA PRENSA/ CARLOS VALLE

Los organizaciones civiles Hagamos Democracia y el Movimiento por Nicaragua (MpN) presentaron este jueves 28 de junio su propuesta «Ruta de salida a la crisis política que vive el país», en la que plantean que se consulte al pueblo directamente a través de un plebiscito, en octubre próximo, sobre si «quiere o no» que el presidente designado, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, sigan en el gobierno; y si la mayoría de los ciudadanos rechazan la continuidad losgobernantes deberán renunciar de inmediato.

Se propone además una serie de reformas a la Constitución para acortar el mandato presidencial de Ortega, en base al resultado del plebiscito, y adelantar las elecciones al 31 de marzo de 2019. Así mismo acelerar varios pasos legales como cambios a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica del poder legislativo para establecer las vigencia de las dos legislaturas en 2018, a fin de allanar el camino para que puedan adelantarse las elecciones en nueve meses.

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El jurista y presidente del Movimiento por Nicaragua, Gabriel Álvarez, sostuvo que el gobierno Ortega-Murillo ha cometido una serie de violaciones a los derechos consignados en la Constitución de la República, con la actuación represiva de la Policía Nacional y las fuerzas de choque orteguistas en contra de las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía desde el 18 de abril a la fecha.

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Gabriel Álvarez, presidente del Movimiento por Nicaragua y Luciano García, presidente de Hagamos Democracia al presentar la propuesta. LA PRENSA/ LEONOR ÁLVAREZ

Las propuestas serán entregadas a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para reforzarle los argumentos legales en el diálogo nacional ante el gobierno nicaragüense. Hasta ahora Ortega se niega a abordar el tema de la democratización en el diálogo y no ha respondido a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), sobre si acepta que se adelanten las elecciones a marzo de 2019.

De acuerdo a organismos de derechos humanos internacionales y nacionales 222 personas han sido asesinadas, entre ellos 20 menores de edad, en la represión de fuerzas paramilitares y antimotines de la Policía Nacional en 72 días de protesta ciudadana.

De acuerdo a la ruta de la democratización propuesta por el Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia, si la mayoría de los ciudadanos en el plebiscito expresa su desacuerdo en que Ortega y Murillo sigan en el poder la renuncia de ambos debe ser inmediata, y en base a mecanismos institucionales «se deberá integrar un gobierno de transición hasta la realización de elecciones generales anticipadas».

Pasos que deben darse

Sin embargo, para que active el mecanismo de consulta directa al pueblo, los directivos de las organizaciones explicaron que la Asamblea Nacional debe aprobar en los primeros quince días de julio «un decreto legislativo de convocatoria al plebiscito».

En ese mismo período, es decir entre el 1 y 15 de junio, los diputados deberán reformar Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que en 2018 entrarán en vigencia las dos legislaturas, un requerimiento normativo para que puedan ser válidas los cambios constitucionales que deberían proceder, según los organismos para resolver la grave crisis sociopolítica que existe en Nicaragua debido a la brutal represión de las fuerzas paramilitares a la ciudadanía que exige la salida de Ortega y su esposa Murillo del poder.

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Luego de las reformas a la Ley Orgánica del legislativo los siguientes pasos sería, de acuerdo a la propuesta:

En la primera quincena de julio deberían darse las renuncias del resto de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), pues hay que recordar que Roberto Rivas Reyes renunció como magistrado de esa entidad en mayo pasado, aunque su salida fue presentada por el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de los acuerdos para reformar el sistema electoral.

En julio también deberían renunciar la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y el fiscal general adjunto Julio González. La separación de Guido y González son necesarias, de acuerdo a las organizaciones, para que exista un sistema de investigación creíbles de los crímenes a fin de que los responsables enfrenten la justicia, pues consideran que los fiscales actualmente al ser fieles a Ortega y Murillo de lo único que son es de garantía de impunidad.

Los pasos siguientes serían el nombramiento de nuevos mandos en la Policía Nacional, ya que los actuales han sido responsables directos de la represión.

Cambios constitucionales necesarios

Y mientras esos cambios de funcionarios se realizan, al mismo tiempo en la Asamblea debe aprobarse la reforma a la Constitución en primera legislatura, junto a aprobar una nueva Ley Electoral también a principios de julio.

En la segunda quincena de julio próximo, deberían ser nombrados nuevos magistrados en el CSE, un nuevo fiscal general y  un fiscal general adjunto.

De cumplirse esos pasos previos, los siguientes cambios legales sería a partir de octubre que serían reformar la Constitución en segunda Legislatura para ratificar la reducción del período de mandato de Ortega y Murillo, y el adelanto de los comicios generales.  Se plantea además reformar la Ley de la Policía Nacional.

En los primeros 15 días de octubre deberá convocarse y realizarse al plebiscito, y si la mayoría del pueblo rechaza que Ortega y Murillo continúan en el gobierno, la renuncia de ambos debería ser efectiva, y en la segunda quincena de octubre debería integrarse un «gobierno de transición» que convoque a elecciones igual de inmediato.

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Los comicios generales para que el pueblo elija un nuevo gobierno y renueve al parlamento nacional, así como a los alcaldes, vicealcaldes y concejales se proponen para el 31 de marzo 2019, que deberán contar con la presencia de observadores internacionales y nacionales.

De acuerdo a la ruta propuesta, la instalación y juramentación de la nueva Asamblea legislativa sería el 14 de abril de 2019 y al día siguiente, el 15 de abril debería darse «la toma de posesión y juramentación de quienes sean electos presidente y vicepresidente del país.

Las nuevas autoridades municipales serían juramentadas el 16 de abril de 2019.