Los equipos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU empezaron este jueves a constatar la situación de los derechos humanos en el país, luego de más de dos meses y medio de represión contra las protestas ciudadanas, que ha dejado más de doscientos asesinatos.
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En el caso de la CIDH, el equipo de Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) empezó a recibir las denuncias de las familias de los asesinados y de los detenidos ilegalmente por protestar contra el régimen orteguista, aunque se les ha intentado bloquear su trabajo.
A Álvaro Botero y Fiorella Melzi, de la CIDH, se les negó el ingreso a la cárcel de El Chipote.
En la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no les permitieron ingresar. Botero y Melzi estuvieron por dos horas ante el portón de El Chipote y aunque insistieron a los guardias que les dejaran entrar, un oficial desde la caseta de seguridad solo les decía: “Cuando nos avisen los jefes los dejamos pasar”.
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Alrededor de las 12:15 del mediodía Botero y Melzi se retiraron del lugar y aunque dijeron que regresarían por la tarde, no pudieron, debido a que se reunieron con la fiscal general Ana Julia Guido y otros funcionarios del Ministerio Público, así como con autoridades de la Policía Nacional.
Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, informó a través de Twitter que el equipo del Meseni no pudo entrar a El Chipote “porque estaban resolviendo problemas administrativos”, según las autoridades.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) le reportó al Meseni que registra, aproximadamente, 78 denuncias de detenciones ilegales en las diferentes delegaciones policiales, cárceles y sistemas penitenciarios.
Botero y Melzi explicaron que no es parte del procedimiento de la CIDH avisar cuándo se hará una visita en las cárceles debido que el objetivo es conocer las condiciones reales en las que se encuentran los detenidos, conocer las razones de por qué se les arrestó y si se cumple el debido proceso.
“Siempre el monitoreo de centros de detención tiene desafíos inherentes, no es un trabajo fácil”, dijo Botero.
La misión del equipo Meseni es constatar si el Gobierno está cumpliendo con las recomendaciones de la CIDH en su reciente informe, en el que se recogieron denuncias de ciudadanos que fueron detenidos por participar en las protestas y haber sufrido torturas en las cárceles.
Recibieron denuncias
En las dos horas que Botero y Melzi, de la CIDH, esperaron el jueves afuera de El Chipote recibieron las denuncias de madres, hermanas y otros familiares de jóvenes que están detenidos, quienes aseguran que las capturas han sido ilegales y por represalias políticas, únicamente por protestar en contra del régimen orteguista.
Varios incluso fueron secuestrados en sus casas o en las calles por paramilitares enmascarados, como ocurrió con las redadas en Nagarote y varios barrios orientales de Managua.
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Al menos siete menores de edad están detenidos también, a quienes los sacaron de los barrios de Managua y de Nagarote, explicó Braulio Abarca, abogado del Cenidh, quien acompaña al equipo de la CIDH.
ONU con obispos
Por su parte, los obispos Silvio José Báez y Abelardo Mata informaron este jueves a la misión del Alto Comisionado de ONU la represión gubernamental y los motivos que han llevado a la población a pedir de manera pacífica que Daniel Ortega salga del poder.
La misión es liderada por Alicia Londoño, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, junto con Juana Sotomayor.
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“Les hicimos ver que lo que está sucediendo aquí es el resultado de sumisión, de sometimiento por el miedo, de violación a los derechos humanos, de destrucción a las instituciones democráticas, de fraudes electorales y les hicimos ver que lo del INSS solo fue la chispa que provocó la indignación del pueblo”, explicó Báez.
Los obispos detallaron a la delegación de la ONU “la represión violenta y desproporcionada” de la administración Ortega con su Policía y paramilitares contra el pueblo.