El miércoles de esta semana, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda reconocieron ante los medios oficialistas la desoladora situación y perspectiva de la economía nacional.
Entre otros datos sombríos, los jerarcas económicos del régimen revelaron que por la crisis sociopolítica el país ha sufrido pérdidas de 430 millones de dólares, que solo en el sector turístico se han perdido 231 millones de dólares y que han desaparecido más de 85 mil empleos.
Pero es peor el panorama presentado al día siguiente por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides). Según Funides las pérdidas ascienden a 683 millones de dólares y son 215 mil los puestos de trabajo que se han perdido durante la crisis. Y mientras el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda dicen que el crecimiento económico será entre el 0.5 y el 1.5 por ciento (en vez del más o menos 4.9 por ciento proyectado a comienzos de año), Funides estima que la economía nacional se contraerá a -5.6 por ciento en comparación con 2017.
Los datos de Funides son más creíbles, porque es una institución independiente con una sólida reputación profesional, que no manipula las cifras como lo hacen los organismos y funcionarios económicos gubernamentales.
Por la misma razón, mientras los rectores oficiales de la economía nacional reconocen la catastrófica situación económica y sus peores perspectivas —pero no admiten que la crisis ha sido causada por las malas políticas y la represión genocida de la dictadura—, Funides sí menciona claramente las causas e inclusive ha propuesto la solución.
En una declaración del 6 de junio, Funides señaló que el levantamiento social espontáneo que ha habido en el país desde el 19 de abril, fue “originado por la irracional y violenta respuesta por parte de las autoridades y organismos paramilitares, a protestas sociales justas…” Y urgió al régimen a “implementar las reformas necesarias para adelantar las elecciones y garantizar la justicia para las víctimas y derechos humanos de la población”. Sin embargo, en vez de recapacitar y hacer caso al consejo sensato, el dictador Ortega incrementó la represión y como consecuencia la economía nacional sigue avanzando rápidamente hacia el abismo.
A nuestro entender, los funcionarios del régimen orteguista que manejan la economía nacional saben cuál es la causa de la crisis y conocen también la solución, pero no tienen coraje para decírselo a la pareja dictatorial, o renunciar a sus cargos por decoro y para no ser cómplices de la catástrofe final.
También los altos mandos del Ejército, que además de ser la institución militar del Estado es uno de los más grandes empresarios e inversionistas del país que tiene intereses financieros inclusive en Estados Unidos (EE.UU.), deberían aconsejar y persuadir a Ortega que acepte la salida que han propuesto los obispos y está en el Diálogo Nacional, de adelantar las elecciones para fines de marzo del próximo año.
No se trata de que los militares se vuelvan políticamente deliberantes. Sería solo un sano consejo que por el bien de Nicaragua y de ellos mismos, le den al antiguo camarada.