El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, demandó al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) asumir un papel más activo en la búsqueda de una salida “negociada” a crisis sociopolítica de Nicaragua, que ha dejado más de 200 muertos, según datos de organizaciones de derechos humanos.
Durante una cumbre de presidentes del SICA, Alvarado indicó en su discurso que “la grave crisis en este hermano país causa una profunda preocupación a Costa Rica. El pueblo costarricense comparte el dolor y manifiesta su solidaridad y profundas condolencias al pueblo nicaragüense por la lamentable pérdida de vidas humanas”.
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Señaló que “no podemos bajar la guardia ni caer en la complacencia. La libertad y la paz son principios sagrados que debemos honrar y defender. Por este motivo, esta reunión no podía dejar de manifestarse sobre la situación en Nicaragua”.
El SICA lo integran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. Como observadores regionales participan México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos de América, Ecuador, Uruguay y Colombia.
Salida negociada
El presidente costarricense dijo que “Costa Rica, al igual que la comunidad internacional, considera que el diálogo ordenado, transparente y urgente es el único camino para una salida pacífica a la crisis interna en beneficio de la democracia”.
“Confiamos que, con el restablecimiento de los trabajos de la Mesa de Diálogo, se logre identificar una hoja de ruta que permita una salida negociada de esta crisis y en el acatamiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, comentó Alvarado.
“En ese sentido es de gran relevancia el apoyo y acompañamiento a la Mesa de Diálogo que dará el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recientemente instalado”, añadió.
A finales de la semana pasada, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Costa Rica ya condenó el “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza” contra los manifestantes, al tiempo que llamó al Gobierno nicaragüense a acatar las recomendaciones de la CIDH.