El Ministerio Público en busca de estrategias más represivas contra los jóvenes que participan en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó de crimen organizado y secuestro a lideres del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa y usó la figura del Código Uno para sostener acusación contra joven que colaboró con universitarios en Managua.
Para el abogado Nelson Cortez, la Fiscalía lo que busca es usar leyes especiales como la Ley 735 o Ley contra el Crimen Organizado para garantizar “legalmente” medidas más represivas como la prisión preventiva, sin lugar a ser sustituida por otra menos grave.
Esta misma ley les permite el uso de juez técnico sin optar a jurado de conciencia y la tramitación compleja de la causa, que garantiza que los procesados estén más tiempo presos sin condena, pues duplica los términos del proceso judicial, explicó el abogado.
“La Fiscalía está utilizando la ley especial para garantizar sanciones más severas respaldadas por ley y tener segura la condena de los manifestantes”, agregó Cortez.
Encadenados
Otra características de los delitos de crimen organizado es que los procesados son recluidos en celdas de mayor peligrosidad donde los mantienen encadenados de los pies, explicó la abogada Yonarqui Martínez de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Este tipo de delitos se les está imponiendo a personas que están involucradas directamente en la organización de marchas pacíficas y con las personas que están en los tranques, explicó Martínez.
Los delitos menos graves como hurto, amenazas se los están imputando a adolescentes y a personas que han participado en marchas, pintas azul y blanco y barricadas en sus barrios. Estas son tramitadas en juzgados locales y tienen opción al arresto domiciliar.