Cifra de asesinados por la represión en Nicaragua aumenta a 309, según la ANPDH

Desde el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, 24 personas más han muerto producto de la represión estatal

En Masaya han sido asesinadas 34 personas, según las cifras de la ANPDH. LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportó este martes 309 crímenes perpetrados en el país desde el 19 de abril hasta el pasado 2 de julio en el marco de las protestas violentamente reprimidas por el ejecutivo de Daniel Ortega.

El nuevo informe suma 24 nuevos casos a los 285 que el organismo había revelado el 26 de junio pasado. La otra novedad es que los defensores de derechos humanos denunciaron la existencia de centros ilegales de detención, operados por paramilitares progobierno para encerrar a manifestantes que cuestionan al régimen actual.

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Entre los 309 fallecidos hay 56 que no han sido identificados, según la ANPDH.

El secretario ejecutivo del organismo, Álvaro Leiva Sánchez, explicó que sí se cuenta con fotografías, noticias periodísticas, que les lleva a incluirlos en las estadísticas, con las cuales el organismo da seguimiento a lo que está ocurriendo en el país.

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Del total de asesinatos, la mayoría sufrió impactos de bala en el cráneo, cuello y tórax, y en general, fueron asesinados con el empleo de armas de fuego, dijo Leiva.

Autoridades callan

El defensor de derechos humanos aclaró que hasta ahora no existe una fuente oficial que haya proporcionado datos exactos sobre los crímenes que han sido cometidos en el contexto de la represión contra las manifestaciones en Nicaragua.

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En un informe presentado este martes, la ANPDH también contabiliza más de 1,500 heridos, de los cuales 46 tienen lesiones con daños permanentes. A su vez, Leiva resaltó que esa organización aún mantiene que hay 158 desaparecidos y que los consideran como secuestrados “por paramilitares”.

Critica a la Policía

Igualmente, el defensor de derechos humanos señaló que han observado un uso desmedido y desproporcionado de armas de fuego por parte de la Policía. Leiva dijo que no se justifica el uso de armas de guerra, así como de francotiradores.

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A su criterio, el ejercicio de la función policial no se está ejerciendo de manera lícita, por cuanto los agentes no pueden ser identificados por la población cuando estos salen a operar, pues se les ha dado por salir a las calles con el rostro cubierto. Esto, según Leiva, “promueve actos ilícitos”.

A lo cual le agregó las operaciones que realizan de forma conjunta con grupos de paramilitares. Mencionó las detenciones arbitrarias, sin un debido proceso investigativo y en el caso de los manifestantes, que han sido liberados, muchos de ellos han presentado signos de maltrato y tortura.

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Según Leiva, en Nicaragua “existe un estado de sitio no declarado provocado por operaciones fuera del marco de la ley”.

Centros ilegales

El secretario de la ANPDH, Álvaro Leiva, aseguró que han conocido de la existencia de  centros de detenciones ilegales, operados por paramilitares, como el Coyotepe, que recientemente fue tomado por sujetos encapuchados y armados, según se ha denunciado públicamente.

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“Existen centros de detenciones clandestinas, con operaciones fuera del marco de la ley, de grupos armados paramilitares y de choque por un fanatismo partidario”, afirmó Leiva, quien mencionó que en sus denuncias la población ha señalado además del Coyotepe, la antigua cárcel de mujeres, San Isidro de Bolas y Monte Luna, en Masatepe.