Cada día que pasa tenemos una prueba más de que Nicaragua se está convirtiendo en un “Estado fallido”, en donde la vida de cualquier ciudadano, sea este un niño de 14 meses, un vendedor de pañoletas de 23, o incluso dos policías, se puede perder en un instante.
Esto se debe al estado de anarquía que prevalece porque en su obsesión de mantenerse en el poder a cualquier costo, Ortega y Murillo han degenerado la esencia de la función policial, convirtiéndola en un organismo represivo, que al no darse abasto ante una verdadera insurrección cívica han contratado a cientos de paramilitares armados, que han sido los responsables de la mayoría de los 309 muertos a la fecha.
Lo que horrorizados hemos visto en estos oscuros días no tiene paralelo en nuestra historia: vimos como quemaban una casa con una familia entera y tres generaciones; vimos como un disparo en la cabeza acabó con la vida del bebé Teyler Leonardo Lorío Navarrete cargado en los brazos de su padre, precisamente el Día del Padre; vimos como de un disparo en la cabeza falleció también el joven de 23 años Luis Manuel Ortiz Martínez quien durante la Marcha de las Flores vendía pañoletas y banderas para comprar la leche de su bebé de un año.
Pero quizás el caso más notorio de la anarquía que priva en el país a causa de los grupos paramilitares es el asesinato el domingo pasado del inspector de la Policía Ilish Aarón Urrutia y del suboficial mayor Alan Alexander Rodríguez, quienes sin portar uniforme, ni identificación fueron detenidos por paramilitares encapuchados en el poblado de Las Esquinas, Carazo. No les permitieron hacer una llamada a sus superiores y luego, cuando intentaron huir, fueron perseguidos en una camioneta Hilux y rafagueados en su vehículo.
Las consecuencias económicas del Estado fallido ya están a la vista y es solo el principio: según los cálculos más optimistas de Funides, si la crisis se comienza a resolver en este mes de julio, Nicaragua tendrá crecimiento cero este año, pero si se prolonga se contraerá un 5.6 por ciento y nuestra economía caerá a los niveles de 1978. Miles han perdido sus empleos.
Para salir del círculo de la violencia, lo más urgente es desarmar a los grupos paramilitares, si Ortega no los puede desarmar, el Ejercito está en la obligación constitucional de hacerlo y si este prefiere seguir en su complaciente neutralidad, una fuerza internacional lo debe hacer, tal como la OEA realizó el desarme de la contra en los años 90.
Lo segundo es documentar e investigar todas las muertes, algo que ya está en proceso por medio de los organismos internacionales y lo tercero, para alcanzar una paz duradera, es la respuesta positiva de Ortega a los obispos, que ante el clamor popular le han propuesto elecciones anticipadas el 31 de marzo del 2019 y una ruta constitucional para llevarlas a cabo. Esta es la única vía.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.