Para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la violencia y las protestas por casi tres meses en Nicaragua han expuesto la grave situación de derechos humanos, que es resultado “de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años”. Con esto coinciden defensores de derechos humanos del país.
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Según el funcionario de Naciones Unidas, la situación que sufre la población también “pone en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”.
Exige cese de represión
Al Hussein demandó al Gobierno el cese de la represión, que desmantele a “los elementos armados progubernamentales”, responsables de ataques y de la represión, y que quienes los han instigado rindan cuentas ante la justicia.
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El alto cargo de la ONU señaló que, de acuerdo con el monitoreo realizado por un equipo de esa Oficina entre 26 de junio y el 3 de julio, el cual se realizó por invitación del Gobierno, recibió quejas por la presencia de individuos armados en las calles, de elementos progubernamentales, que habrían contribuido a la existencia de un clima de intimidación e inseguridad, así como denuncias de partidarios del Gobierno sobre ataques y amenazas de linchamientos.
“Mi equipo escuchó testimonios de profunda frustración y desesperación, así como de miedo generalizado”, expresó Al Hussein, quien agregó que “es necesario establecer garantías reales para que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación”.
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“También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó el alto comisionado, quien instó al Estado a realizar investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril.
Conservar pruebas
También aconsejó que es “de vital importancia que se conserven las pruebas, incluida la documentación médica y legal” y urgió al Gobierno “tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación” y evitar más muertes.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó el reporte de Al Hussein “de trascendental”, pues destaca “la falta de democracia que hay en Nicaragua”.
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Núñez consideró que los informes que durante muchos años ha efectuado esa organización sobre la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, encontró eco en el alto comisionado de Derechos Humanos.
La defensora destacó como importante el llamado al cese de la represión, que, a su criterio, “están diciendo: Daniel Ortega, no siga asesinando a su pueblo”, por lo que lo estimó “un llamado muy grave”, como también el señalamiento de desarme de los paramilitares.
Sobre la recomendación de conservar las pruebas que hace el alto comisionado, Núñez lo consideró importante, porque si no se hace justicia en el país “hay una justicia internacional donde van a servir todas esas pruebas”.
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El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, se mostró satisfecho con el informe, pues “indica que los ojos del mundo están pendientes de la situación del país”.
“Nosotros habíamos dicho que en Nicaragua no había un verdadero Estado de Derecho”, sostuvo Carmona.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) ha continuado adoptando medidas cautelares para proteger a personas que se encuentran en riesgo grave. Hasta ahora se ha ordenado la protección de 64 personas y sus familias.
Iglesia reporta más de 210 detenidos
En las cárceles del país están detenidos 216 ciudadanos por participar en los tranques y manifestaciones que exigen la renuncia de Daniel Ortega del Gobierno, informó la Comisión de Verificación y Seguridad, conformada en el Diálogo Nacional.
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Monseñor Carlos Avilés, religioso mediador en la Comisión de Verificación, dijo a LA PRENSA, vía telefónica, que el dato de los detenidos lo han entregado a la cancillería de Nicaragua —que es parte de esa Comisión— para que gestione ante la Presidencia la liberación de esas personas, entre estas, más de veinte jóvenes a los que la Fiscalía General de la República acusó ante los Juzgados por los delitos de terrorismo y crimen organizado.