Entre el 17 al 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó nueve resoluciones a través de las cuales ha solicitado medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 64 personas incluyendo sus núcleos familiares. La Comisión observa asimismo, que algunas de las personas propuestas beneficiarias serían objeto de una gran estigmatización.
Un comunicado de prensa emitido por la CIDH indica que entre los beneficiarios se encuentran líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de víctimas, sobrevivientes de hechos de violencia, sacerdotes, y personas que han brindado asistencia a personas heridas.
Además refiere esa Comisión que ha procediso a solicitar información al Estado, en los términos del artículo 25.5 del Reglamento, en relación con 57 solicitudes recibidas y a requerir información adicional a 76 solicitantes de medidas cautelares y aclara que “no ha decidido al momento el rechazo de ninguna de las solicitudes recibidas durante su visita de trabajo”.
Igualmente informa que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la CIDH ha continuado identificando situaciones y adoptando medidas cautelares para proteger a personas que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable en el marco de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Entre los beneficiarios con medidas cautelares están el sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José Alberto Idiáquez Guevara, quien se encontraría en una situación de riesgo como consecuencia de su labor como rector y su participación activa en la Mesa de Diálogo Nacional. “El beneficiario habría sido objeto de diversos mensajes intimidantes y presuntamente fue incluido en una lista de personas que asesinarían por su rol activo en el marco del contexto actual”.
La otra beneficiada con protección fue la periodista Migueliuth Sandova Cruz, viuda del periodista Ángel Eduardo Gahona, y sus familiares.
“La información recibida indica que los beneficiarios serían objeto de diversos amedrentamientos entre los cuales se informó sobre la presencia de 20 motorizados que habrían disparado al aire en su vivienda con el objetivo de que se ‘queden callados'”.
A su vez, los estudiantes universitarios Ricardo Adán Velásquez Robleto, Alex Iván Aguirre Mairena, Jasson Osnar Hernández y Edwin Antonio Jiménez Balladares, tras amenazas recibidas a través de vías telefónicas, redes sociales, o bien, mediante seguimientos por personas motorizadas a manera de intimidación y uno de ellos secuestrado en una oportunidad.
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También fueron incluidos en esta protección integranyes de Radio Darío, Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), entre elos su secretario ejecutivo, Marcos Carmona,
La CIDH recuerda que “el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”. Y concierte con los beneficiarios con los beneficiarios y su representante las medidas establecidas e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.