Con las últimas acusaciones presentadas contra manifestantes de Sébaco, Tipitapa y Managua, el Ministerio Público (Fiscalía) deja clara su “parcialidad y selectividad” respecto a los acusados y las víctimas, alejada totalmente de los principios de objetividad y legalidad, afirman abogados penalistas.
“Se dedica a proteger abiertamente a miembros del frente sandinista, a quienes presenta como víctima y poniendo como delincuentes comunes al pueblo manifestante, a quienes selecciona como victimarios”, expresó Boanerge Fornos, exfiscal departamental de esa institución.
La intención, según el abogado, es “criminalizar la protesta”, que es un derecho constitucional de los nicaragüenses, en beneficio del gobierno, porque quiere hacer ver a los protestantes como delincuentes comunes, ante organismos internacionales y fortalecer la posición del Ejecutivo.
Fornos, agregó que estas acusaciones del Ministerio Público denotan de manera abierta “una alineación con el gobierno que está reprimiendo al pueblo, lo que genera impunidad e insta a las fuerzas paramilitares a seguir con sus actos violentos y delincuenciales, porque sabe que no habrá castigo legal”, dijo el penalista.
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Entre los delitos acusados por la Fiscalía están terrorismo, crimen organizado, asesinatos agravados, los cuales están contenidos en la Ley especial 735 o Ley Contra el Crimen Organizado. “La Fiscalía ha torcido y manipulado el cuerpo jurídico, para poder hacer calzar a la fuerza los hechos en tipos penales más graves para tener beneficios legales más represivos”, expresó el abogado Nelson Cortez.
El abogado agregó que para que exista crimen organizado debe haber una estructura organizada, con el fin de cometer delito, mientras los hechos en Nicaragua surgen de forma espontánea, después de los hechos de abril.
El pueblo se defiende
Para el abogado Nelson Cortez, el pueblo nicaragüense lo único que ha hecho es defenderse de los ataques de las hordas paramilitares que disparan a mansalva. “Lo que ha habido es legítima defensa, porque los manifestantes se defienden de una agresión ilegítima, porque los paramilitares son civiles armados, sin legalidad, hay falta de provocación, porque son ellos los que llegan a atacar y existe proporcionalidad en la defensa porque los paramiliatares andan armas de guerra. De forma objetiva ni siquiera debe haber acusación”, explicó Cortez.
Esta semana el Ministerio Público acusó a 23 jóvenes de terrorismo, crimen organizado, homicidio, posesión de armas de fuego y otros delitos.