Del 12 al 14 del pasado junio, bajo los auspicios de la Unesco, se reunió en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, preparatoria de la Conferencia Mundial que tendrá lugar en París el año próximo.
Esta cita universitaria regional fue también un homenaje al Centenario de la Reforma de Córdoba, de tanta influencia en la transformación de las universidades hispanoamericanas que seguían organizadas, según un modelo eminentemente profesionalista conocido como “modelo napoleónico”, desprovistas de autonomía, ajenas del cultivo de las ciencias por las ciencias mismas y sin compromiso con la investigación y la proyección social.
Es importante destacar que esta tercera Cumbre universitaria regional, en Declaración aprobada el 14 de junio, reafirmó “el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados”. Además, proclamó que el acceso a la educación superior “es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”.
De esta manera, la Declaración sale al paso de los procesos de transnacionalización y la visión mercantilista de la educación superior que, en muchos casos, impiden o cercenan el efectivo derecho social a la educación.
Categóricamente, la Declaración afirma que “la educación no es una mercancía”, por lo que solicitan a los Estados a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel educativo. Más bien, los insta a incrementar los recursos destinados a la educación, la ciencia y la tecnología.
La Declaración de Córdoba reivindica la autonomía universitaria que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad “sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas, el mercado o intereses particulares. La defensa de la autonomía es “una defensa del compromiso social de la universidad”.
Los sistemas de educación superior deben reconocer la interculturalidad de nuestros países y comunidades, de manera que la educación superior sea un instrumento de igualdad y de aseso social, y “no un ámbito de reproducción de privilegios”.
La Declaración expresa su firme convicción de que las instituciones de educación superior deben comprometerse activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. “Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas”.
Importante también es mencionar el reconocimiento que la Declaración hace del papel de las universidades en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, “rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”.
Seguramente, habiendo sido denunciada en el seno de la Conferencia la crisis que vive Nicaragua, la Declaración expresó su “solidaridad con las juventudes, de nuestra América y del mundo, cuyas vidas celebramos, y reconocemos, en sus luchas y anhelos, nuestras propias aspiraciones a favor de la transformación social, política y cultural”.
El autor es educador y académico.