Recuerdo dos referéndums: el de Chile, siendo presidente el general Pinochet y el de Francia, en ocasión del caso argelino. Para ambas consultas había una pregunta: en Chile, si Pinochet permanecía en su cargo o no; y en Francia, si se le concedía la independencia a Argelia. En ambos referéndums los pueblos dijeron no y Pinochet y De Gaulle renunciaron.
En Nicaragua, previa reforma a la Ley Electoral, reemplazo de todos los magistrados del CSE y de sus estructuras más la presencia de observadores internacionales, un referéndum permitiría al pueblo decidir su destino. Es constitucional. Lo señala el artículo 2 de nuestra Constitución.
En Nicaragua tuvimos un fallido referéndum, cuyos antecedentes evoco. En septiembre de 1978, Washington organizó una Comisión Mediadora para tratar la gravedad de la situación nacional: William Bowdler de Estados Unidos, el almirante Ramón Emilio Jiménez de República Dominicana y el excanciller guatemalteco Alfredo Obiols.
La Comisión propuso a Somoza dos vías: si ganaba continuaría en el poder, pero si perdía debía dimitir y marcharse.
“El mayor problema (en el Gobierno) es su presencia”, dijo Bowdler a Somoza. Este no aceptó el plebiscito. Ya estaba derrotado diplomáticamente y se oponía a una eventual victoria militar de la insurrección y que el país cayera en manos de los comunistas (sic). Otro plenipotenciario, el teniente general Dennis McAuliffe, jefe del Comando Sur de los EE.UU., dijo a Somoza: “Señor Presidente, la paz no llegará a Nicaragua hasta que usted se aleje de la presidencia y de esta escena”.
En Nicaragua no hay una guerra civil ni una insurrección armada, sino una rebelión civil desarmada protagonizada por jóvenes cuya única demanda es la renuncia del presidente Daniel Ortega apoyada por miles de campesinos en el norte y por el pueblo opositor en cientos de calles de numerosas cabeceras departamentales y municipios.
Diariamente hay asesinatos por delincuentes armados, constante lesión financiera a la nación cuyo tránsito diario es letal contra nuestro pueblo.
La renuncia del presidente Ortega es constitucional y, de conformidad con los recientes hechos —305 muertes—, es imprescindible y necesario su retiro del poder. La pérdida de unos 100 mil empleos, la inagotable paciencia unida a la fuerza del pueblo, la presión diplomática, la zozobra de nuestro agro y las oscuras perspectivas financieras son sustento para que el presidente razone y ponga en su conciencia primero los intereses del pueblo. El referéndum se podría organizar en 60 días, previas reformas y condiciones, claro.
Si se habría pensado en el referéndum como recurso primario para una consulta, se habrían evitado estas dolorosas muertes y lo demás. Ni en Chile ni en Francia murió nadie por ello. Aún es posible.
El autor es abogado y notario.