Seis meses después que el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) castigó al expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, aplicándole la Ley Magnitsky, el peso justiciero de esta ley estadounidense le ha caído a tres integrantes del círculo más cercano de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El jefe de facto de la Policía Nacional y consuegro de la pareja dictatorial, Francisco Díaz; el tesorero del FSLN y principal directivo de la empresa Albanisa, Francisco López; y el mandamás de la Alcaldía de Managua y jefe de turbas oficialistas, Fidel Moreno, han sido sancionados por los EE.UU. con la aplicación de la Ley Magnitsky, la cual se impone a personajes de cualquier parte del mundo que son señalados como grandes corruptos y violadores de los derechos humanos.
La aplicación de la Ley Magnitsky a los individuos mencionados y otros altos funcionarios y destacados activistas de la dictadura de Ortega y Murillo, fue solicitada el 1 de diciembre del año pasado por un grupo bipartidista de diez congresistas y senadores estadounidenses. El 20 de diciembre de 2017 se le aplicó a Roberto Rivas, hacedor de fraudes electorales; y desde que comenzó la represión genocida de la dictadura orteguista contra las protestas sociales y las demandas pacíficas de libertad y democracia, aumentó en los EE.UU. la presión al gobierno de Donald Trump para que sancionara a los funcionarios orteguistas más comprometidos en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Este jueves, una vocera del Departamento de Estado de los EE.UU. explicó que por la aplicación de la Ley Magnitsky, “quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EE.UU. Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por las personas designadas”.
De hecho, según los expertos los sancionados por la Ley Magnitsky se convierten para todos los efectos, en parias internacionales.
La aplicación de la Ley Magnitsky a Roberto Rivas, en diciembre del año pasado, y ahora a Díaz, López y Moreno, fue recibida con júbilo por todos los nicaragüenses que repudian a la dictadura de Ortega y Murillo, en particular los que sufren la represión directa e indirecta y luchan por la libertad y la democracia en distintas trincheras cívicas y pacíficas. Solo unas pocas personas, aunque aprueban las sanciones de EE.UU. a los altos funcionarios de la dictadura orteguista, lamentan que tenga que ser una fuerza externa la que los castigue, en vez de que lo haga la justicia nacional.
Pero en Nicaragua no existe la justicia y no hay ninguna posibilidad de castigarlos. Aquí el poder judicial es un instrumento represivo más de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, los delitos graves de corrupción y violación de derechos humanos son crímenes de jurisdicción internacional y como tales tienen que ser castigados.