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De izquierda a derecha: Francisco Díaz, Francisco López y Fidel Moreno.

Funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos deberían dejar sus cargos

La Policía Nacional, por ejemplo, puede tener dificultades en establecer relaciones de cooperación internacional, si Díaz fuese nombrado oficialmente como jefe de dicha entidad

Además de la “muerte financiera” de tres miembros del círculo de poder más cercano a Daniel Ortega, tras la aplicación de la Ley Global Magnitsky, las instituciones públicas que ellos dirigen estarían en una posición difícil para relacionarse con la cooperación internacional, si el Gobierno decide mantenerlos en sus cargos.

Según explicó a LA PRENSA Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), esa sería una de las repercusiones de la sanción.

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Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, y Francisco López, presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), fueron sancionados el jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la Ley Magnitsky, por violación a los derechos humanos y corrupción.

Según la guía de aplicación de esta Ley estadounidense de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), si una persona sancionada está al frente de una entidad, esta no está afectada por la sanción, pero advierte que la OFAC; “sin embargo, puede designar a la entidad y agregarla a la lista de sancionados” en caso que fuera necesario.

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“La OFAC insta a tener precaución al considerar una transacción con una entidad que no es una persona bloqueada (una entidad no bloqueada) en la que una o más personas bloqueadas tienen un interés significativo mayor al 50 por ciento de acciones en la entidad, o que una o más personas bloqueadas puedan controlar por otros medios que no sean un interés de propiedad mayoritario”, indica la agencia, una instancia del Departamento del Tesoro.

“Las personas deben tener cuidado al tratar con una entidad no bloqueada (no sancionada) para asegurarse de que no están, por ejemplo, tratando con una persona bloqueada que representa a la entidad no bloqueada”, insiste.

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La Policía Nacional, por ejemplo, puede tener dificultades en establecer relaciones de cooperación internacional, si Díaz fuese nombrado oficialmente como jefe de dicha entidad.

“Es una zona medio gris. Si él representa a la Policía, figura en cualquier cuenta financiera con vínculos con EE.UU., obviamente se verá perjudicada dicha cuenta, se la deben cerrar. Independientemente de estas condiciones, por el hecho de estar a la cabeza de la agencia, si no deja el cargo, va a ver afectada la relación y la cooperación internacional”, advierte Vila.

Si bien Fidel Moreno no ocupa la principal silla de la Alcaldía, en la práctica es el que lleva las riendas absolutas de la administración de dicha municipalidad. Y en el caso de López es el presidente ejecutivo de Petronic.

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Y aunque los estadounidenses son los obligados a cumplir la Ley Magnitsky, Vila asegura que todas las entidades financieras que opten por mantener una relación de corresponsalía, por ejemplo, con los bancos de Estados Unidos, deberán proceder a cerrarle las cuentas bancarias a los tres sancionados.

Inclusive, si los tres sancionados tuvieran su dinero en los bancos en el exterior, que no sea Estados Unidos, esas entidades bancarias procederían a cerrarles sus cuentas. Actualmente el sistema financiero es global, donde las entidades de Estados Unidos juegan un papel predominante, al ser este país una de las primeras economías del mundo.

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Cuando Estados Unidos le aplicó esta sanción a Roberto Rivas, en ese momento era magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el Gobierno se vio obligado a transferir la representación legal de este poder del Estado a Lumberto Campbell (vicepresidente del CSE), pese a que la Magnitsky recayó en un sujeto, no en una institución.

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El especialista en Delitos Financieros señala que tal es el alcance de la Magnistky que persigue hasta los testaferros de cualquier persona sancionada.

Los distintos sombreros de Chico López

Francisco López Centeno es un funcionario de muchos sombreros, además de ser presidente de Petronic, es vicepresidente de Albanisa, que importa derivados del petróleo, y a su vez es una empresa paraguas que agrupa a Alba Generación, que vende energía a la distribuidora Disnorte-Dissur.

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López Centeno también tiene un asiento en la junta directiva de la empresa distribuidora.

Cámara de Energía dice que no hay problema

El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora, descartó por su parte repercusiones en dicho sector debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, ya que estas fueron impuestas a título personal y no a las empresas que estos funcionarios representan.

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Según Zamora, “desde hace dos años los empresarios del sector eléctrico han estado en contacto permanente” con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la embajada de ese país en Nicaragua para mantenerse al tanto sobre este tema.

Aunque las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) revelan que la importación del combustible que utilizan las empresas del sector eléctrico para la generación está dominada por Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), Zamora dijo que las empresas del sector no realizan transacciones comerciales con estas empresas.

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“Las empresas del sector privado de energía tienen contratos de suministro de combustible con Puma, que es una petrolera privada internacional que opera en Nicaragua”, indicó Zamora.

Más desprestigio para la Policía Nacional

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), observó que Francisco Díaz será el único jefe de la Policía en la región que está dentro de esta sanción, lo que es un desprestigio para la institución.

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Chamorro consideró, además, que las sanciones a los tres funcionarios es un reconocimiento al clamor de los nicaragüenses, que han denunciado el papel criminal de la Policía y la violación a los derechos humanos, porque aunque la Ley Magnitsky castiga a la persona, tendrá repercusión sobre la imagen de la institución.

Verificar participación accionaria

En caso de que los sancionados por Estados Unidos con la Ley Magnitsky tuvieran participación accionaria en empresas, la OFAC establece que: si una persona afectada por esta sanción es dueña de manera directa o indirecta de más del 50 por ciento de una compañía o si varias personas sancionadas tienen una participación mayoritaria en una empresa, esta automáticamente queda bloqueada, aunque no haya sido incorporada en la lista de la OFAC.

Es decir, que las personas obligadas a cumplir la Magnitsky no pueden establecer relaciones comerciales o transacciones con dicha compañía.

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