Un francotirador con un fusil Dragunov, en un rango de ochocientos metros de distancia, puede apuntar directamente a una persona que encabeza una marcha. Encima de algún edificio, desde una posición privilegiada, sin que haya alguien que lo interrumpa lanzándole piedras o morteros, el hombre armado simplemente aprieta el gatillo y mata con facilidad.
La explicación la hizo el exmayor del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, después de analizar el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), publicado el 3 de julio, en el que revela que 198 personas murieron de un solo disparo desde el 19 abril.
En la misma lista, que registra datos de entre el 19 de abril y el 2 de julio, se señala que 127 personas murieron de disparos certeros a la cabeza, cuello y tórax. “Hay una decisión de asesinar, de matar. Existe armamento con capacidad para llevar a cabo esa voluntad política de asesinar. Hay gente preparada para hacerlo”, dijo Samcam.
Lea también: La masacre de niños durante la represión orteguista
Hay más cifras para respaldar este patrón, ya que al menos 253 muertes fueron producto de armas de fuego, lo cual equivale al 81.88 por ciento de los 309 fallecidos totales que hubo hasta el martes pasado. Además de que el 51 por ciento de los disparos fueron a la parte superior del cuerpo, también sucedieron 97 muertes por disparos en “zonas delicadas”.
Samcam explicó que la trayectoria demuestra que los balazos provienen de personas preparadas y que están ubicadas en posiciones favorables. “La trayectoria es descendente, y esto significa que están en una posición elevada, a una distancia lo suficientemente larga, como para que nadie se percate de que están apuntando o disparando”, agregó.
“El objetivo de estos impactos es aterrorizar. Cuando vas en una marcha o estás en un tranque y ves que alguien cae al lado tuyo y no sabés de dónde vienen los balazos, provoca pánico, provoca terror. Un solo francotirador puede terminar una marcha de 100 mil personas, porque la gente simplemente dice: ‘el próximo que sigue, soy yo’”, explicó Samcam.
Lea también: La represión orteguista deja una legión de torturados en Nicaragua
Armas de guerra
El exretirado del Ejército, Roberto Samcam, explicó que el Dragunov es un fusil de alcance mediano, de ochocientos metros aproximadamente, desde donde se puede identificar perfectamente al objetivo. La mira permite identificar el blanco y acertar en dependencia del viento, entre otros factores.
Para Samcam, también en esta represión se pueden estar usando AK con miras telescópicas con un alcance efectivo de entre doscientos y cuatrocientos metros. Otra de las armas que sospecha están usando las fuerzas armadas orteguistas son los fusiles Catatumbo, la versión venezolana del Dragunov ruso, fabricado por la empresa CAVIM, de la Fuerzas Armadas de Venezuela, que inclusive ha producido fusiles de calibre 50 para uso de francotiradores. Estos fusiles tienen un alcance efectivo de cinco mil metros y hasta el momento se ha encontrado cartuchos de estos en Masaya y Granada.
Lea también: La nueva generación de lisiados que provocó la represión orteguista
“De llegarse a comprobar la utilización de este tipo de armas, sería una completa barbaridad estar usando ese tipo de armamento contra una marcha o contra de una barricada”, dijo Samcam.
Entre otras armas que se han utilizado en esta represión están las AK 47, AR 15, M 16, escopetas de calibre 12 y M 40. También fusiles FAL y carabinas M1. “La mayoría de este armamento estaba en almacenes desde la finalización de la guerra de los 80, evidentemente a cargo de quienes tenían constitucionalmente el monopolio de las armas”, refirió Samcam.
Lea también: Radiografía de la masacre orteguista en Nicaragua
Parte de este armamento provino de países amigos de los años 80: Libia, Vietnam, Venezuela, Cuba y Panamá, entre otros que proporcionaron durante la lucha contra Somoza y en los primeros años de la Revolución. En el caso de la gran cantidad de escopetas calibre 12 que se ven entre las tropas paramilitares, su origen proviene, según Samcam, de algunas empresas de seguridad que pertenecen a individuos vinculados directamente a Ortega.
Los fusiles Dragunov y posiblemente los fusiles Catatumbo provienen de Venezuela, país que compró a Rusia cinco mil Dragunov en el año 2007.
Días sangrientos
La fecha más sangrienta continúa siendo el 23 de abril, día que hubo 23 muertes. Seguido del Día de las Madres, 30 de mayo, cuando hubo veinte muertes. En 75 días —hasta el 2 de julio— desde que iniciaron las protestas, solo en 14 días no se han reportado fallecidos. Sin embargo, hubo al menos una persona fallecida entre el 1 y el 27 de junio.
Lea también: Álvaro Conrado, el niño mártir de las protestas en Nicaragua
Hasta el primer día del Diálogo Nacional se habían registrado 76 fallecimientos. Desde ese día, 233 personas han perdido la vida. De hecho, el propio día que inició la Mesa de Diálogo ocurrieron seis muertes, a pesar de que el presidente Daniel Ortega dijo haber “dado la orden” de parar la represión.
Nueva Segovia es el único departamento del país que hasta el momento no registra muertes. En cambio, Managua es el departamento donde más sangre se ha derramado: con 153 fallecidos, según el informe de ANPDH. Le siguen Masaya con 34, León con 21, Caribe Norte con 20 y Matagalpa con 19.
Lea también: José Luis Rocha: “La gente se va del país para salvar su vida”
En total, han habido al menos una muerte en 45 municipios diferentes de todo el país.
Los rangos de edades de los fallecidos es lo que sigue conmoviendo al país. ANPDH contabiliza 25 menores de 18 años de edad que han sido asesinados, mientras que ya son 147 personas menores de 30 años de edad asesinadas, o sea, el 47 por ciento de los fallecidos totales.
Entre los muertos, se han contabilizado 17 mujeres y 292 varones. Mientras que han caído 12 policías y 297 civiles.
En 75 días de la crisis se han cometido 309 asesinatos. Esto indica que hubo 4.12 muertos a diario; uno cada 5.82 horas. Esto demuestra que Ortega ha matado a más personas en protestas callejeras en Nicaragua que Nicolás Maduro en Venezuela en todo el año pasado (de acuerdo con la versión oficial del Ministerio Público de Venezuela, registra 121 personas fallecidas).
Y la dimensión de la masacre es mucho mayor si se tiene en cuenta que Nicaragua posee una población de solo 6 millones de habitantes, en comparación con los 32 millones de Venezuela.
Otro dato que Álvaro Leiva, de ANPDH, destaca en el informe son las dos muertes que han ocurrido producto de impacto de morteros, el “arma” que han utilizado los manifestantes contra el Gobierno, frente a las 224 personas que murieron de disparos a la cabeza, cuello y tórax y otros puntos vitales.
Para Roberto Samcam, exmayor retirado del Ejército, es desbalanceado el hecho de que solo haya dos muertos por morteros. “Estas personas tuvieron la desgracia que el mortero les estalló cerca, pero es incomparable la efectividad del armamento de un lado, que dispara con armas de largo alcance y potencia, con la del otro que lo hace con morteros”, dijo Samcam.
En cuanto a los heridos, la cifra asciende hasta los mil quinientos. Sin embargo, solo se cuenta con el registro de 435 atenciones de la Cruz Roja Nicaragüense, de las cuales 242 ameritaron traslados a centros hospitalarios.
Ejecuciones extrajudiciales
Según el derecho internacional de los derechos humanos, “una ejecución extrajudicial es cuando se consume la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.
“Las ejecuciones extrajudiciales junto a la desaparición forzada, puedan considerarse entre las más serias violaciones de los derechos humanos y también crímenes de lesa humanidad que, de por sí, se hallan sustraídos de los efectos de la caducidad de la acción penal por mandato constitucional, cuya represión penal no puede ser bajo ningún pretexto, objeto de transacción política o prescripción”, indicó el último comunicado de las Naciones Unidas. “Es decir, que estos delitos no prescriben en el tiempo y deben ser investigados desde su presunción sin que exista acuerdos particulares que enturbien la fidelidad de los resultados de la investigación”, según el Manual que elaboró Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota).
Ejecuciones
Uno de los datos a los que hace mayor énfasis Álvaro Leiva, de ANPDH, es el de los 203 ciudadanos secuestrados por paramilitares. Hasta el momento solamente se ha podido lograr liberar a 45 personas por gestiones de ANPDH y la Iglesia, pero siguen pendiente de localizar a 158 personas secuestradas.
“Cada minuto que pasa es un peligro para las personas que están secuestradas”, refirió Leiva.
En la última semana se registró el caso del secuestro de Vicente Rappaccioli, quien fue reportado desaparecido desde el 26 de junio a eso de las 9:30 de la noche, cuando salió del Residencial Regina, en Diriamba, Carazo. Pero fue encontrado cuatro días después muerto en el Instituto de Medicina Legal con un disparo en la cabeza.
Según Danilo Martínez, delegado de ANPDH, Rappaccioli fue arrodillado y ejecutado. La trayectoria de la bala indica que entró por la parte superior del cráneo y salió por la nuca. “Tiene trazas de haber sido arrastrado”, reveló Martínez.
Un informe independiente, realizado por Juan Carlos Rappaccioli, hermano de la víctima, indico que la muerte fue violenta, ya que sufrió un disparo letal en la sien izquierda, con salida en la parte inferior del cráneo.
Para Álvaro Leiva, secretario de ANPDH, esto indica que Rappaccioli fue ejecutado brutalmente. “Fue asesinado como muchos otros. Una gran mayoría de los casos que tenemos reportados en el informe son ejecuciones”, aseveró Leiva.
El último informe de Amnistía Internacional sobre Nicaragua, publicado el 29 de mayo, consideró, después del análisis de la información recopilada, que existió un patrón que indica que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines causaron la muerte de personas de manera intencional, en un significativo número de casos.
“Con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”, cita el informe. “Esta grave violación de derechos humanos, que es también un crimen de derecho internacional, hace referencia a las muertes causadas intencionalmente por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas compuestas por particulares que cooperen con el Estado o sean toleradas o consentidas por este”, agrega.
La otra revelación que surgió esta semana es la existencia de centros de detenciones ilegales, operados por paramilitares, como el Coyotepe, que recientemente fue tomado por sujetos encapuchados y armados. Otros de los centros de detenciones mencionados es la antigua cárcel de mujeres La Esperanza, San Isidro de Bolas y Monte Luna, en Masatepe.
Álvaro Leiva, secretario de ANPDH, nunca se imaginó esta profunda crisis derechos humanos que vive el país. “Nosotros como organismo, veníamos señalando que se estaba gestando una crisis que podíamos lamentar. Se debía a la voluntad política del Estado, que venía dando signos negativos”, añadió.
Las violaciones a los derechos humanos en lugar de disminuir, han ido creciendo, según Leiva. “Queremos hacer un informe final pero no se logra”, manifestó. “En este momento es meritorio un SOS de derechos humanos internacional”.