Buscando que la Policía no pagara el alto costo político que significa reprimir abiertamente, el orteguismo organizó diferentes grupos de partidarios a los cuales abasteció de recursos para que operaran como fuerzas de choque en contra de los ciudadanos que se atrevían a salir a la calle para protestar pacíficamente.
Los primeros fueron los “camisas azules”, organizados para “proteger” a la pareja presidencial en actos públicos, luego vinieron “los motorizados” (matones en motos), hasta llegar a la conformación de los grupos paramilitares encapuchados (escuadrones de la muerte), integrados por pandilleros reclutados por los secretarios políticos de los barrios, encargados de ejecutar una brutal represión contra los jóvenes manifestantes.
La desesperación por controlar la crisis ha conducido a no poder ocultar que estas fuerzas tenebrosas son organizadas y apertrechadas por el régimen, asignándoles la tarea específica de asesinar y robar, actuando con absoluta impunidad, al revelarse abiertamente que cuentan con el apoyo de la Policía y, por consiguiente, con todo el sistema de administración de justicia.
Sin importarle al orteguismo el daño irreparable a la imagen de la institución policial, el uso de paramilitares para fines represivos implica la suplantación de la fuerza y la autoridad que le corresponde ejercer a la Policía, para trasladárselas a fuerzas irregulares, a las cuales ha investido ilegalmente de las funciones policiales. Y lo peor, que existe la probabilidad de que la actuación de los paramilitares genere entre los ciudadanos una respuesta con el mismo acento de violencia con que son reprimidos. La historia política de Nicaragua ha demostrado tantas veces que los métodos represivos pueden provocar miedo y contener durante cierto tiempo el descontento, pero su uso sistemático indiscriminado termina generando un endurecimiento del espíritu de lucha, y en muchos casos, respuestas legítimas en el mismo tono.
Recordemos que fue la falta de democratización y la injusticia generada por la represión sangrienta, lo que sustentó a la Resistencia Nicaragüense, así como fue el rechazo a la guerra con su secuela de muerte lo que condujo a la mayoría de los nicaragüenses a votar a favor del proyecto político de la UNO en 1990. En unas elecciones anticipadas, para abrir una etapa de transición democrática y crecimiento económico en el país, intentar sofocar las protestas populares con cárcel, tortura, la intimidación y la represión letal, es, además de riesgoso, repetir nuevamente los mismos errores del pasado. Es imperativo desarticular a los paramilitares causantes de actos que incluyen incendio de viviendas de opositores y edificios públicos, saqueo de locales comerciales, robo de bienes materiales, asesinatos, lesiones e intimidación, ya que se está sometiendo innecesariamente a la sociedad nicaragüense a pasar nuevamente por otra dolorosa experiencia.