Gobierno de Nicaragua habría cometido crímenes prohibidos hasta en una guerra

La utilización de ambulancias y el ataque a templos van en contra de las normas asistencia humanitaria

Las ambulancias del Ministerio de Salud han sido utilizadas por los paramilitares del Gobierno en varios municipios del país. LA PRENSA/CORTESÍA

Aunque Nicaragua no está en guerra el Gobierno ha respondido a la crisis sociopolítica como si enfrentara un conflicto armado. En su afán de aferrarse al poder el presidente designado Daniel Ortega y sus simpatizantes, han convertido a la población civil en “blanco de sus ataques”, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH); es decir, han cometido acciones prohibidas hasta en una conflagración.

El uso de ambulancias del Ministerio de Salud (Minsa) para trasladar armas y paramilitares, negar atención médica en hospitales públicos, obstaculización de ayuda humanitaria, instrumentalización de los bomberos, ataques y saqueos a templos católicos, son algunas de las acciones más repudiables que ha cometido el régimen de Ortega, desde que comenzó la crisis sociopolítica el pasado 18 de abril.

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El consultor independiente sobre Derechos Humanos, Uriel Pineda, explicó que dentro de los estándares establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, Nicaragua no está en guerra, debido a que los manifestantes no están armados, y agregó que de ser así los templos son considerados refugio y no pueden ser atacados por fuerzas armadas.

“La utilización de vehículos de bomberos y ambulancias para penetrar en los tranques, es un uso prohibido de medios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario que se conoce como perfidia. No se pueden usar ambulancias para atacar a manifestantes, es una práctica contraria a las reglas más elementales de asistencia humanitaria en un conflicto”, precisó Pineda.

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Según el Comité Internacional de la Cruz Roja “el Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también ‘derecho de la guerra’ y ‘derecho de los conflictos armados”.

Para el consultor en Derechos Humanos, el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de Lesa Humanidad: “Los manifestantes y la gente en general, acude a las iglesias en busca de refugio por la represión del régimen. Para eso sirven las iglesias en una guerra, son considerados bienes protegidos y es prohibido para las fuerzas armadas atacarlos por albergar a población civil… pero el régimen insiste en convertir en blanco de sus ataques a los manifestantes, de ahí que está cometiendo un crimen de Lesa Humanidad”.

Además, Pineda consideró que si el gobierno de Daniel Ortega cruza el umbral de un conflicto armado, “sería responsable de crímenes de guerra por hacer uso de métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, como perfidia, ataque a bienes protegidos y ataque a personas protegidas”.

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Por su parte, el primer vicepresidente de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), Silvio Pilarte, señaló que durante los 85 días que lleva la crisis sociopolítica en este país centroamericano, la institución de socorro se ha apegado a sus principios humanísticos, tal como lo establece el Comité Internacional, pero en esta crisis el Estado ha utilizado medios que son para ayuda humanitaria como un instrumento para castigar a los manifestantes.

“Nosotros hemos observado que hay vehículos del Minsa ocupados para actividades no humanitarias y el pueblo ha reaccionado rallando las  ambulancias y eso es porque la población los observa… Nosotros como Cruz Roja hemos sacado varios comunicados porque nos estaban confundiendo con las ambulancias del Minsa”, expresó Pilarte.

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Para este funcionario, es evidente que el el Minsa no está actuando apegado al Derecho Internacional Humanitario pero lo atribuye al control absoluto que tiene el Gobierno: “Recordá que que el Minsa es controlado por la autoridad local, en Nicaragua, su trabajo es interno y es por eso que ellos (el Gobierno) tienen más control de los bienes y los ocupan para otras labores que no son humanitarias”.

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