La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles “la profundización de la grave crisis de violación de derechos humanos en Nicaragua” e instó a la comunidad internacional a que se pronuncie para que el Gobierno cese la violencia contra los nicaragüenses.
Lo anterior lo informó el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al referirse al trabajo relativo a la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) en Nicaragua, informe que una vez más fue descalificado por el canciller orteguista Denis Moncada, que calificó lo que ocurre en Nicaragua como un golpe de Estado.
“En consideración del deterioro y profundización de la grave crisis de derechos humanos que tiene lugar en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y exija al Estado nicaragüense a poner fin de inmediato a la represión y la detenciones arbitrarias así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo Abrao.
El secretario ejecutivo de la CIDH informó que durante la segunda semana de trabajo del Meseni ha conocido de otros nuevos 52 asesinatos en el contexto de la represión actual y de muchas personas heridas.
De estos dijo Abrao, unos 20 ocurrieron el fin de semana pasado en tres municipios de Carazo, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional. De acuerdo al registro de la CIDH desde que iniciaron las protestas en el país en abril pasado a la fecha 264 personas han sido asesinada y más de 1,800 heridas.
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Abrao dijo que en la segunda semana del Meseni observó con preocupación la represión contra manifestantes y de quienes permanecen en los tranques.
De igual manera expresó preocupación por la marcha organizada para este jueves en Managua, dado los resultados de marchas anteriores como la del 30 de mayo.
Indicó también que preocupa al Meseni la llamada operación limpieza anunciada por el Estado a partir del 5 de julio, que son acciones ejecutadas por la Policía en conjunto con “parapoliciales” y llevadas a cabo en varias ciudades del país.
Asimismo indicó Abrao que desde un inicio la CIDH reportó “un patrón” del uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias ocurridos principalmente durante los primeros días de la violencia, en contra de estudiantes y trabajadores, así como el ataque dirigido a instalaciones universitarias. Posteriormente el Meseni documentó actos de represión selectiva, detenciones arbitrarias, como sucedió el pasado 2 de julio.
Resaltó que como consecuencia de la persecución hay una gran cantidad de personas que se han visto obligadas a huir y esconderse tanto a lo interno como fuera del país.
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Abrao advirtió que la continuación de detenciones sin orden judicial, sin informar las causas ni haber sido puesto a la orden de jueces constituye violación a sus derechos, además la falta de acceso a la defensa de los detenidos.
Igualmente resaltó las agresiones contra el Nuncio Apostólico en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, obispo auxiliar, monseñor Silvio Báez, a sacerdotes y periodistas en la Basílica San Sebastián en Diriamba el lunes pasado, así como la existencia de una campaña en contra de los representantes de la Iglesia católica, pese a fungir como mediadores del diálogo nacional y la estigmatización cntra defensores de derechos humanos.
Pero el canciller Moncada prefirió calificar lo ocurrido en Carazo como actos terroristas donde dijo ocho militantes de su partido han sido asesinados.
Gobierno obligado a garantizar seguridad
El Meseni fue instalado en el 25 de junio y da seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH derivadas de su visita al país tras su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua” y da cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas al menos a 69 personas y sus núcleos familiares.
La CIDH le recuerda al Gobierno su obligación de garantizar la integridad de todas las personas y la protección contra cualquier forma de represalia, dijo Abrao.
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Abrao insistió en demandar que el gobierno informe sobre datos oficiales de personas asesinadas y heridas durante el período de represión gubernamental y sean identificados los responsables reiteró que aún esperan información de los detenidos y al acceso a los centros de detención.
Tanto el Meseni como el GIEI están entre las 15 recomendaciones emitido por la la CIDH al Estado de Nicaragua.