Los 351 asesinatos ocurridos durante los cuatro meses de protestas cívica en Nicaragua, desde el 18 de abril de 2018 a la fecha, pueden ser acusados y procesados en cualquier momento de la historia y en cualquier país del mundo, afirman abogados penalistas, porque son delitos contra el orden internacional y de lesa humanidad que no prescriben.
Entre estos delitos están el genocidio, la tortura, desaparición forzada de personas y ataque a personas protegidas, entre otros.
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Las característica de estos tipos penales es la falta de prescripción, es decir que los delincuentes pueden ser perseguidos en todo tiempo y la universalidad, es decir los responsables pueden ser juzgados y sancionados en cualquier país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas.
Según abogados y organismos de derechos humanos las acciones que ha venido realizando el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, a través de fuerzas paramilitares, policía nacional y adeptos al partido Frente Sandinista, encajan perfectamente en estos tipos penales.
“Genocidio está claro”
“Se les llama delitos de lesa humanidad y de orden internacional porque al cometerlos hay una afectación directa a los derechos humanos que son de carácter universal. Su naturaleza ofende y agravia a la humanidad entera”, explicó el abogado José Pallais, exmiembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
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Pallais recordó como genocidio la quema de una familia de seis miembros, entre ellos dos niños, el 16 de junio de 2018, en el barrio Carlos Marx de Managua, presuntamente por paramilitares ligados al gobierno de Ortega.
“ No prescriben estos delitos, pueden pasar 50 años y en cualquier momento las personas responsables pueden ser sancionadas. Militares, paramilitares, gobernantes, directores de instituciones. El responsable directo es el presidente, por los grados de participación. No disparan, pero dan la orden”, dijo Pallais.
Para el abogado Nelson Cortez, la comisión de delitos de lesa humanidad en Nicaragua en tiempos de protesta están muy claros y la víctima es el pueblo. “Estamos viendo claramente el desplazo de la gente a los montes, a las fronteras, porque los paramilitares llegan en cacería y tienen que esconderse, entonces estamos ante un desplazamiento forzado”, señaló Cortez.
No hay obediencia debida
Los abogados José Pallais y Nelson Cortez coincidieron en que los militares como miembros de la Policía y el Ejército no pueden alegar la obediencia debida, porque esta tiene que ser legítima. “La obediencia debida no tiene aplicación en estos casos, en otras palabra no pueden argumentar que están absueltos de responsabilidad al decir que estaban obedeciendo a sus superiores, porque sabías que ibas a matar a un pueblo desarmado”, dijo Pallais.
Cortez agregó que si bien Nicaragua no puede llevar los casos ante la Corte Penal Internacional (CPI), cualquier país miembro de la OEA y de Naciones Unidas lo puede hacer. En Nicaragua se pueden enjuiciar cuando haya cambio de gobierno en los próximos años.
Otra opción de ir hasta la CPI es si el consejo de seguridad de la ONU decide conocer el genocidio en Nicaragua, dijo Pallais.