La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reaccionó este miércoles al comunicado emitido el martes por el Ejército de Nicaragua a través del cual califica de “actividades al orden público”, la represión que ejecuta el Gobierno a través de la Policía junto a paramilitares.
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez demandó al Gobierno que si es verdad que tiene control de su armamento que realice una auditoría militar y de a conocer públicamente los resultados.
“Si realmente él tiene bajo su control el inventario de armas de alto calibre que se han logrado descubrir en diferentes lugares, donde se han realizado estas acciones en contra de la ciudadanía y nos referimos a armas como RPG-7, ametralladora 30 y granadas de demolición, que abra el Ejército de Nicaragua un proceso de auditoría e investigación para delimitar responsabilidades”, demandó Leiva.
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En parte del texto publicado por el cuerpo castrense calificó “campaña calumniosa” contra la institución, los señalamientos de posible involucramiento de miembros del Ejército en la represión contra los manifestantes.
“Rechazamos el montaje de actos donde nunca hemos estado, las falsas informaciones e imágenes manipuladas que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento de personal y armamento del Ejército de Nicaragua en actividades de orden público lo que es totalmente falso”, indica el Ejército en su comunicado.
Sin embargo, Leiva le instó a la institución militar a demostrar “que por qué andan en las calles todos esos armamentos de amplio poder en manos de paramilitares”.
El cuerpo castrense refiere “que tiene control absoluto de su personal , armamento y medios de todo tipo” y que “no existe un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades de orden público”.
Al menos cuatro ciudades
Álvaro Leiva Sánchez aseguró que según denuncias de la población han sido utilizadas armas de guerra de alto calibre y granadas de mano de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua, en las ciudades de La Trinidad, Sutiava, León y Carazo.
El defensor de derechos humanos instó al cuerpo castrense que una vez que conozcan los resultados de esa auditoría militar, proceda a sacar de las calles ese armamento de guerra.