El especialista en temas de seguridad ciudadana, Roberto Cajina, no sólo lo dice, sino que enfatiza que el Ejército de Nicaragua “no puede, no debe, no tiene que intervenir” en la crisis del país.
Las protestas pacíficas de la ciudadanía iniciaron el pasado 18 de abril y han sido reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega, dejando un saldo de 309 personas asesinadas según los organismos de derechos humanos.
Cajina se refiere a la propuesta realizada por varias organizaciones que en los últimos días han pedido a las Fuerzas Armadas que desarmen a los grupos armados que actúan, en complicidad con la Policía, para atacar a los ciudadanos.
“El legado que deja Daniel Ortega es una cantidad de delincuentes armados, que van a poner a Nicaragua en una grave situación de inseguridad”, dice Cajina, uno de los expertos más reconocidos en esta área a nivel nacional e internacional. Según él, el Ejército tiene una obligación moral de pronunciarse.
¿Puede actuar de oficio la institución militar ante la actual situación del país?
Hay dos manera de entenderlo. El artículo 92 de la Constitución restringe la participación del Ejército en temas de seguridad interior. Dice que solo en casos excepcionales, cuando la capacidad de la Policía ha sido rebasada, el Presidente de la República puede ordenar al Ejército intervenir en apoyo a la Policía. Pero la Policía más que rebasada es cómplice de toda esta situación y Ortega no va a pedir que intervengan los militares para desarmar a los paramilitares, porque tendría que desarmar a la Policía también.
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Pero el artículo 2, de la Ley 855, que es la reforma al Código Militar, Ley 181, establece que el Ejército puede disponer de sus fuerzas y medios cuando la defensa y seguridad nacional estén siendo amenazadas. Entonces el Ejército está entre esas dos opciones.
Si actuaran por la Constitución van a seguir haciendo el silencio cómplice en alguna medida. Si actúan por la Ley del Ejército, sí puede hacerlo (intervenir en la crisis). Pero yo quiero insistir en algo. El Ejército no puede ser el factor político que resuelva está crisis. Ésta es una crisis política y tiene que resolverse en el plano de lo político. Es decir, corresponde, en este momento, a la situación del Diálogo Nacional, en donde están el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Si le das al Ejército la posibilidad de actuar como poder moderador, como el hacedor de la paz y la tranquilidad en Nicaragua, le estás dando un poder político que el Ejército nunca debe tener.
¿Por qué no lo debe tener?
Porque le das el poder político que le permite decir: esto es bueno o esto es malo, como un poder moderador que resuelve la crisis, cuando no es una crisis militar.
¿Y eso qué consecuencias puede tener?
Secuestrar la democracia. Es decir, la democracia la ponés en manos de los militares no en manos de la sociedad nicaragüense. Te voy a recordar lo que pasó en 1994-1995, cuando se hicieron las reformas a la Constitución Política. Todo el mundo comenzó a llegar a las puertas de la Comandancia General a tocarle las puertas, a decirle: apóyenos. Los que estaban a favor de la reforma y los que estaban en contra de la reforma. Hasta que Joaquín Cuadra (exjefe militar) salió y dijo: “eso es un problema político, que lo resuelvan los políticos”. Claro, que el Ejército del 94 no es el de ahora. Hay muchas dudas, incertidumbres, acerca de su relación con el gobierno del régimen Ortega- Murillo, pero lo cierto es que en cualquiera de las dos situaciones: el Ejército no puede, no debe, no tiene que intervenir en tomar una decisión que permita la resolución de esta crisis.
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¿Pero a qué democracia se refiere?
Lo que te digo es que no le podés dar al Ejército un poder político que nunca lo debe tener. Entonces, este es un conflicto político y tiene que resolverse políticamente.
¿Cómo debe lidiar el Ejército con la contradicción entre el mandato que le da la Constitución Política y el mandato que recibe de su Ley?
El problema es que la Ley no está encima de la Constitución. La Constitución está sobre todas las leyes menores, sin embargo, creo que el Ejército podría, por ética militar y responsabilidad moral, pronunciarse. Cuando digo pronunciarse no quiere decir que condene al régimen ni que condene la represión.
¿Qué debe hacer el Ejército?
El Ejército tiene una obligación moral de al menos decir nos duele, nos preocupa la cantidad de más 300 muertos, que ni siquiera digan asesinados, sino la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, de desaparecidos. Que no entren a tipificar quiénes son los responsables, con solo que señalen el hecho sería más que suficiente, porque eso permitiría dos cosas: uno, el Ejército podría recuperar el relativo grado de legitimidad que todavía tiene ante la población. Y dos: oxigenar un poco a la sociedad nicaragüense en general. Es decir, (la gente va a pensar) por lo menos los militares están preocupados por esta situación, por los menos los militares dicen que les duele. Sería una manera muy delicada, muy fina, en la que el Ejército puede intervenir sin convertirse en el actor político, que eso es impensable e inaceptable.
¿Cómo se debe interpretar la posición el Ejército en esta crisis?
El Ejército está más preocupado por cómo sobrevivir como institución. Me parece una actitud muy egoísta institucionalmente, pero no es solamente sobrevivir como institución, sino proteger los recursos y los intereses que tiene. El Ejército tiene una cantidad de recursos en la bolsa de valores de Estados Unidos, inversiones allá. Tiene cuentas en las islas Gran Caimán, por ejemplo, que son paraísos fiscales.
¿El hecho de que el Ejército no haya tomado partido oficialmente en la crisis, lo exonera de una sanción de la Ley Magnitsky, que está sancionando a responsables y cómplices de la represión?
El día que una gota de sangre salga de algún fusil del Ejército, el Ejército se va a enredar, porque no solo es al comandante en jefe o a la comandancia, sino a la institución como tal en los recursos que tiene, que le va a caer la aplicación de la Ley Magnitsky, y esa es una de las razones por las que no interviene. No es una posición por la democracia, por la paz, por la estabilidad, es simplemente la existencia de la institución y la protección de los intereses que tiene.
¿Usted descarta que el Ejército esté involucrado?
No descarto. El problema es que existen muchas dudas. Hay una cantidad de hechos que generan incertidumbre, que generan duda, desconfianza de si el Ejército está o no. Yo tengo una información oficial del Ejército que no están involucrados. Pero la incertidumbre, la duda siempre existe.
¿Tiene lógica que la gente diga que el probable uso de fusiles Dragunov es porque andan militares o Policía participando?
Los fusiles Dragunov también tienen una versión venezolana. Se llama Catatumbo, que es un fusil de francotirador. La industria militar venezolana tomó como modelo el fusiles Dragunov y lo convirtió en ese que se llama catatumbo. Esos fusiles tuvieron que haber venido de Venezuela a la Policía. Por otra parte, es falso que francotiradores solo el Ejército los tiene. La Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) también tiene francotiradores y tiene fusiles Dragunov y tienen fusiles catatumbo.
¿El Ejército debe explicar por qué armamento bajo su custodia está en manos de los paramilitares?
En el mercado negro se consigue todo tipo de armas. Pero eso lo tiene que responder el Ejército.