La reunión del Consejo Permanente de la OEA realizada este miércoles, en la que se volvió a discutir la situación de Nicaragua, demostró que Daniel Ortega ya no engaña a nadie en la comunidad internacional con su burda invención de que está enfrentando una tenebrosa conspiración de terrorismo, delincuencia organizada e intervención extranjera.
Los representantes en la OEA en su mayoría no hicieron caso al discurso mentiroso del canciller orteguista, volvieron a condenar la represión y respaldaron el Diálogo Nacional para resolver la crisis de gobernabilidad.
El mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien sectores de la oposición política de Nicaragua habían acusado de ser apañador de la dictadura de Daniel Ortega, mencionó en la reunión de este miércoles que la herramienta fundamental para cesar la violencia en este país es “la realización de elecciones anticipadas en el marco de un proceso electoral limpio y transparente”.
También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció la semana pasada sobre Nicaragua y reconoció que las protestas populares y la violencia son consecuencia “de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años”. Ni él ni nadie cree en las supuestas conspiraciones delincuenciales inventadas por Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus adláteres. Todos saben que lo que hay es una violación sistemática de los derechos de las personas y atropello a las instituciones de la democracia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe conocer muy bien la situación de Nicaragua, por todos los informes que ha recibido sobre la existencia en este país de una cruel dictadura tropical, familiar y dinástica. Y es muy significativo que haya advertido que “es de vital importancia que se conserven las pruebas (de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua), incluida la documentación médica y legal”.
Es que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Unión Europea, tienen plena comprensión de que los crímenes de la dictadura de Ortega y Murillo contra la población son delitos de lesa humanidad. Están claros de que los culpables de estos crímenes tienen que ser juzgados y deben recibir el merecido castigo. Y que si no hay justicia en Nicaragua se tendrá que acudir a los tribunales internacionales, pero los criminales no deben quedar impunes.
El Estado de Nicaragua no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los culpables de los crímenes de lesa humanidad que la dictadura orteguista está cometiendo contra la población nicaragüense, de cualquier manera tendrán que ser juzgados y castigados. Por eso es que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recomienda recoger y guardar todas las pruebas del genocidio orteguista.