Falta de implementación de medidas cautelares por parte del Estado preocupa a la CIDH

Falta de implementación de medidas cautelares por parte del Estado preocupa a la CIDH

La CIDH considera urgente que el Estado de Nicaragua adopte medidas para prevenir cualquier atentado en contra de los beneficiarios de medidas cautelares

12/07/2018
Universidades jesuitas

El padre Edwin Román fue agredido en la sacristía de la Parroquia de San Sebastián, en Diriamba, por encapuchados que se tomaron el templo. LA PRENSA/AFP

Cuando el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga, fue golpeado este 11 de julio, por seguidores orteguistas en León, ya había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirma un comunicado de prensa de esa organización, a través del cual expresó preocupación “por la falta de implementación efectiva de las medidas cautelares”.

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“Resulta urgente que el Estado de Nicaragua adopte medidas para prevenir cualquier atentado en contra de las y los beneficiarios y que eventos de riesgo como los informados en contra del señor Maradiaga no se vuelvan a repetir”, subrayó el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Esta semana al menos cuatro de los beneficiarios con medidas cautelares por parte de la CIDH, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, fueron agredidos por paramilitares que incursionaron violentamente en la Basílica de San Sebastián, en Diriamba.

“Es esencial que el Estado de Nicaragua garantice que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus labores de denuncia y documentación de la situación de derechos humanos en forma libre y en condiciones de seguridad. De ellos depende en gran medida que víctimas de violaciones a derechos humanos puedan ser escuchadas y tengan acceso a la justicia”, señaló la CIDH.

El 9 de julio de 2018 la CIDH adoptó la resolución 50/2018 mediante la cual otorgó medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maradiaga, tras haber sido objeto de amenazas, seguimientos y hostigamientos que serían resultado de las labores de denuncia realizadas a nivel nacional e internacional sobre los hechos de violencia que han tenido lugar en el país.Al tiempo que recuerda que “es deber del Estado investigar tales agresiones en forma exhaustiva, así como juzgar y sancionar a los responsables”.

“Personas armadas -una de ellas encapuchada y otra portando un casco- habrían perseguido en una oportunidad al beneficiario y disparado en contra del vehículo donde se transportaba. Asimismo, se habrían difundido mensajes y amenazas en redes sociales, que inclusive de manera concreta anunciaban la intención de asesinar al señor Maradiaga. Lo anterior, sería antecedido por diversos seguimientos por parte de camionetas Toyota Hilux sin placas y por personas en motocicleta!”, explica el comunicado de prensa.

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Ese organismo señala que conoció que con posterioridad a la notificación de la resolución del 11 de julio “sujetos encapuchados habrían entrado en el local donde se encontraba y lo habrían golpeado” en el sitio donde el politólogo estaba reunido con miembros del “Movimiento 19 de Abril”, en León.

“Dicho ataque se habría perpetrado días después de que presuntamente un grupo de personas encapuchadas hubiera retenido temporalmente al señor Maradiaga mientras se trasladaba en una carretera hacia Matagalpa”, señala la CIDH, que tras condenar el  ataque  instó al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de proteger la vida e integridad de Maradiaga, y de todas las personas beneficiarias de medidas cautelares.

En su comunicado la CIDH expresa que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), ha seguido adoptando medidas cautelares “para proteger a personas que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable”.

Sobrevivientes de masacre también reciben protección

De esta manera además de Maradiaga la CIDH consideró oportuno emitir medidas de protección a favor de los sobrevivientes de la familia masacrada en el barrio Carlos Marx.

De esta manera otorgó medidas de protección para Janeth Velásquez López y familia. La Comisión, explica que tomó en cuenta que el 15 de junio de 2018 la vivienda y negocio de la familia habían sido incendiados, falleciendo 6 de sus miembros, incluyendo dos niños y expresa que aunque existen diversas versiones sobre quienes serían los responsables de los hechos y se habría creado un equipo técnico para esclarecer la situación, “las alegaciones de posible participación estatal revisten especial seriedad, máxime que el incendio se habría producido de forma deliberada”.

“La Comisión fue informada de que la familia no podría salir a la calle por temor y estarían escondidos en una vivienda particular en situación de gran vulnerabilidad”, señala la CIDH en el comunicado.

A este listado se suman Isaac de Jesús Molina Rojas y Fabiola Mercedes Villafranca Gutiérrez quien ha sido objeto de tres atentados en contra de su vida, en el último, recibiendo dos disparos en su contra, uno en el abdomen y otro en su espalda, logrando sobrevivir.

También Edwin Manuel Acevedo Hernández, José Dolores Borge Porra y Manuel Hernández Vega, quienes fueron detenidos “a manos de personas armadas vestidas de civiles y al momento de la detención uno de ellos habría sufrido disparos en su pierna”.

“Con posterioridad, los beneficiarios habrían aparecido en un centro de privación de la libertad del Estado conocido como El Chipote. Asimismo, habrían informado sobre amenazas, según las cuales, los agresores regresarían a la casa donde en su momento estuvieron refugiados a ‘acabar con la gente'”, explica la CIDH tras señalar que la solicitud de medidas cautelares la recibió cuando acompañó a la Comisión de Verificación y Seguridad en la liberación de los tres detenidos.

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