El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, admitió este miércoles ante el Consejo Permanente de ese organismo, que el gobierno de Daniel Ortega cree tener controlada la situación en Nicaragua, tras aplicar la fuerza contra manifestantes que demandan su salida del poder y “por lo tanto no tiene interés” en una salida a la crisis por medio de elecciones anticipadas propuestas por ese organismo.
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El secretario Almagro condenó la acción de paramilitares sandinistas, y también reprobó los actos de violencia y la represión gubernamental desatada, que calificó de agravada, desproporcionada e inadmisible; a la vez que reiteró su propuesta para una salida democrática a la grave crisis a través de elecciones, algo que, a su juicio, en un inicio, no fue “entendido” por “unos” que le acusaron de complicidad, y ahora por “otros”, en clara alusión al gobierno de Ortega.
“Propusimos desde el comienzo una herramienta fundamental para cesar la violencia, la realización de elecciones anticipadas en el marco de un proceso electoral limpio y transparente. Para nosotros sigue siendo esencial trasladar el conflicto de las armas a las urnas. No fuimos entendidos en un principio por unos y ahora por otros tampoco. Por proponer elecciones fuimos acusados de complicidad, lo cual fue uno de los despropósitos políticos más grandes que hemos tenido que enfrentar en estos tres años que llevamos en la Secretaría General de la OEA”, afirmó.
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“La propuesta nuestra de una solución democrática fue considerada blanda por aquellos que creían tener la fuerza para derrocar a Ortega. Hoy el Gobierno cree tener controlada la situación de fuerza que se aplicó para derrocarlo y por lo tanto no tiene interés (de elecciones anticipadas), graves errores que le han costado vidas al pueblo nicaragüense, le han costado recursos que no tienen los pobres de Nicaragua. Ningún país es sustentable en clave de derechos o en clave social y económica, si pretende sostenerse sobre la base de la fuerza y la represión. Ningún país es sustentable si la ecuación política cae en una lógica de medir la fuerza por medio de la violencia”, afirmó Almagro.
La propuesta de la Secretaría General es realizar elecciones anticipadas en Nicaragua en un período de 9 a 14 meses. Sin embargo, con las declaraciones de este miércoles de Almagro, el gobierno parece ya no tener interés en adelantarlas.
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La represión desatada por el régimen sandinista a través de la Policía y grupos paramilitares armados con fusiles de guerra de uso exclusivo de la Policía y el Ejército ha dejado un saldo de 264 muertos, y más de 1,800 heridos, según el informe presentado este miércoles por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.
Organismos de derechos humanos locales, como la ANPDH, pone la cifra de asesinados en 351.
Condena a paramilitares
Almagro también condenó las acciones paramilitares ocurridas el pasado fin de semana, que dejó un saldo de entre 11 y 14 muertes. “Personas encapuchadas y armadas aterrorizan a la población civil en el proceso de desmontar los tranques que se levantaron en ciudades como Diriamba, Dolores, Jinotepe, y Matagalpa. Muertes que no podemos admitir, mucho menos aceptar en silencio”, acotó.
Igualmente, condenó la muerte de dos policías y un paramilitar, lo que a su juicio da una idea de la dimensión del enfrentamiento que hubo.
“Pero la violencia del Estado sobre la población civil nunca puede ser admitida. La desproporción de la misma, la diferencia de medios hace de la violencia del Estado, absolutamente abusiva y criminal. El Estado está para proteger los derechos de la gente, no para avasallarlos”, acotó Almagro.
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“Todas las muertes violentas son lamentables. A todas las condenamos. Pero hacemos ver que mientras las élites alimentan el odio y el enfrentamiento, son los humildes quienes han muerto en Nicaragua como consecuencia de esa polarización”, señaló.
El secretario general de la OEA reiteró su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno para efectuar “un proceso electoral limpio y transparente” y agregó que la semana pasada un equipo viajó a Nicaragua para trabajar en ese sentido.
Dijo que ahora están a la espera de una respuesta del Gobierno a las propuestas “institucionales y de caminos democráticos”. “En las manos del Gobierno de Nicaragua se encuentra la posibilidad de tomar las iniciativas contundentemente democráticas” que permitan expresarse al pueblo en las urnas.
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El secretario general de la OEA urgió el cese de la violencia, de la represión y de asesinatos. “Urgimos una salida democrática y en paz para Nicaragua”, aseveró.
Trujillo: Gobierno controla pandillas
Una de las intervenciones más sobresalientes fue la del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que dijo que Estados Unidos condena la campaña de violencia e intimidación del Gobierno de Nicaragua contra los ciudadanos, y recientemente contra los líderes de la Iglesia.
El funcionario dijo que su país responsabiliza al gobierno de Ortega por “matar a su pueblo para garantizar su poder”. El diplomático afirmó que hay personas que han disparado a matar solo porque sus adversarios se oponen al Gobierno, una situación que viola los derechos fundamentales, y denunció que en los hospitales (del Estado) no están atendiendo a los manifestantes que llegan heridos en busca de atención.
Trujillo añadió que existe la necesidad de una reforma democrática urgente en Nicaragua.
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Añadió que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Amnistía Internacional poseen evidencia sustancial que el Gobierno dirige “a la Policía Nacional, la Juventud Sandinista y las pandillas para reprimir a los manifestantes”, y que han torturado a personas bajo custodia.
Agregó que Estados Unidos respalda las palabras de condena a los actos del gobierno de Ortega con acciones y mencionó las sanciones “estratégicas” a tres funcionarios del régimen con la Global Magnitsky Act.
“Las designaciones estratégicas se enfocaron en aquellos que dan órdenes de disparar a matar, que han asesinado a nicaragüenses que están ejerciendo sus derechos constitucionales de oponerse al Gobierno. Las designaciones también apuntan a los facilitadores de aquellos que se esfuerzan por enriquecerse a costa del pueblo nicaragüense.
Estas sanciones específicas, más revocaciones de visa previas y continuas, muestran que Estados Unidos expondrá y responsabilizará a los responsables de la campaña de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo”, dijo.
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El vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Francisco López Centeno; el jefe de facto de la Policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, fueron sancionados por corrupción y violaciones a derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Ley Global Magnitsky.
Gobierno se victimiza
El canciller del Gobierno de Nicaragua, Denis Moncada, enumeró una lista de daños supuestamente realizados por la población que demanda la salida Ortega, a los que llamó “terroristas” que han “asesinado, secuestrado y torturado a nuestra población”. También menciona a víctimas del partido de gobierno, igualmente menciona a otros que fueron supuestamente secuestrados y sometidos a “tratos inhumanos”. Pero Moncada no hizo alusión a los grupos paramilitares del régimen, los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales y al armamento que utilizan los paramilitares, de uso exclusivo de la Policía y del Ejército.
Ortega con otro revés en la OEA
El Gobierno de Nicaragua sufrió un nuevo revés político en la OEA porque la mayoría de los países que tomaron la palabra respaldaron la labor y el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El embajador de Colombia, Andrés González, lamentó el incremento de muertes en Nicaragua producto de la represión gubernamental.
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“Rechazamos todas las formas de violencia categóricamente, las agresiones contra el nuncio apostólico, el cardenal, el obispo auxiliar de Managua, y condenamos todos los abusos del Gobierno, según se desprende del informe de la CIDH”, afirmó.
El diplomático colombiano le recordó las recomendaciones de la CIDH, entre estas el cese de la represión y desmantelamiento de los grupos parapoliciales, las que el Ejecutivo no ha cumplido.
El embajador de Chile, Roberto Ampureo, expresó preocupación por lo que ocurre en Nicaragua y dijo que su país hará lo que sea necesario para ayudar al pueblo a recuperar su libertad. Al mismo tiempo, instó al respeto a los derechos fundamentales y a la búsqueda de una solución democrática.
Entre tanto, la embajadora de Costa Rica, Rita Hernández, mostró consternación por la represión gubernamental que ha provocado crímenes y represión selectiva, lo que consideran inadmisible. Dijo que el Gobierno debe crear condiciones para el Diálogo Nacional y comprometerse con una ruta clara para salir de la crisis.
“Lo que acontece en Nicaragua afecta a nuestros países y al resto de la región. Observamos gravemente afectaciones en aspectos económicos y migratorios”, señaló la diplomática.
La embajadora de Argentina, Paula María Bertol, dijo que su país condena la violencia contra el pueblo nicaragüense y respalda el informe de la CIDH.
Pero la violencia del Estado sobre la población civil nunca puede ser admitida. La desproporción de la misma, la diferencia de medios hace de la violencia del Estado, absolutamente abusiva y criminal. El Estado está para proteger los derechos de la gente, no para avasallarlos”.
Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Existen pruebas sustanciales de que el Gobierno está dirigiendo a la Policía Nacional, así como a la Juventud Sandinista y pandillas controladas por el Gobierno para reprimir las protestas violentamente. Existen informes fidedignos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones…”.
Carlos Trujillo, representante de EE.UU. en la OEA.