Este jueves 12 de julio cuatro policías y un ciudadano civil murieron en un confuso incidente en la localidad de Morrito, departamento de Río San Juan, cuando se intentaba hacer una marcha pacífica como parte de la jornada Juntos somos un volcán, convocada por la Alianza Cívica.
La Policía ha acusado por este crimen al líder campesino Medardo Mairena —participante en el Diálogo Nacional—, mientras que la dictadura lo utiliza para tratar de dar crédito a su alegato internacional de que es víctima de delincuentes y terroristas golpistas, queriendo inútilmente justificar la matanza que está perpetrando contra el pueblo y horroriza a la comunidad internacional.
Aunque la Policía acusa directamente por el asesinato de sus oficiales, a supuestos “terroristas” que mantienen un tranque en el sector y serían encabezados por Mairena, un participante en la marcha de Morrito que por razones obvias no se identificó, reveló que los policías “fueron víctimas del fuego que abrieron los paramilitares que estaban escondidos en las instalaciones de la Alcaldía local, cuando pasaban en vehículos los manifestantes”. Lo cual habría sido confirmado por algunos policías que resultaron heridos.
La versión del ciudadano autoconvocado tiene para nosotros mucho más crédito que la de la Policía, instrumentalizada por la dictadura. Pero de cualquier manera que hubiera ocurrido el trágico incidente, la muerte de los policías es tan lamentable y condenable como la de todas las personas desarmadas, incluyendo niños de pecho, que han sido asesinadas por las fuerzas policiales y paramilitares orteguistas, durante la rebelión pacífica por la justicia y la democracia que se viene desarrollando desde el 18 de abril pasado.
Entre las 351 personas que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reporta como muertas desde el 18 de abril hasta el 10 de julio, se cuentan 306 civiles, 28 paramilitares, 16 policías y un miembro del Ejército. Todos esos seres humanos murieron por causa de la represión contra el pueblo y por lo tanto son víctimas directas e indirectas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una vida humana tiene igual valor que cualquiera otra, tanto de los asesinados porque demandan justicia, democracia y libertad, como de los policías, paramilitares e incluso los y las fanáticas orteguistas que llegan al extremo de agredir físicamente a obispos y sacerdotes, así como a profanar templos y símbolos sagrados.
Lamentablemente no se puede esperar que alguna autoridad gubernamental haga una investigación oficial honesta y confiable, para deslindar responsabilidades y que se castigue a los verdaderos asesinos aplicándoles el peso de la ley. En Nicaragua no hay justicia y la ley no se aplica conforme a los principios de derecho.
Además, se conoce muy bien que la dictadura de los Ortega y Murillo es capaz de asesinar también a algunos de sus propios adeptos y guardianes, para tratar de justificar internacionalmente sus aberrantes acusaciones contra los estudiantes y ciudadanos autoconvocados, de que son terroristas y asesinos golpistas.