¡Que descaro!

También en países donde funciona la democracia uno de los peligros permanentes es cuando el poder político esquiva sus deberes y recurre a los jueces para dirimir conflictos

Rafael Correa no tiene otra alternativa que huir y más que eso, atropellar hacia delante. El expresidente ecuatoriano, al que una mayoría de sus conciudadanos esperaba que se le investigara y juzgara por varios actos de corrupción que se le endilgan con mucho fundamento, o por ordenar a soldados que balearan a civiles desarmados, hoy está requerido por participar y ordenar un secuestro político en un proceso iniciado en Colombia.

Correa, a los manotazos, a los que cada vez deberá recurrir más, habla de una judicialización de la política que es lo que explica la, según él, persecución política” de que es víctima.

Lo de la politización de la justicia y la judicialización de la política, es un argumento demagógico, hipócrita y cínico, en casos. Pero en otros no. Es una peste que sobrevuela por el hemisferio e incluso todo occidente y que es una de las peores formas de contaminación que van corroyendo el sistema democrático. Y así ha ocurrido, lamentablemente. Se trata de acabar con el sistema de la separación de poderes, anulando o degenerando el poder judicial, que en casos pasa a ser una especie de arma letal de dictadores y autoritarios. Las dictaduras militares, con su ordinariez y soberbia, ni lo disimulaban: todo lo que interesara al mando, pasaba a la órbita de la justicia militar, la que dependía del mando y ejecutaba las órdenes de este. Fujimori, el dictador peruano y su escudero Vladimiro Montesinos, fueron pioneros en el campo civil y unos artistas en la materia: la inmensa mayoría de los jueces eran provisorios, a los que el presidente podía destituir de un plumazo.

Hugo Chávez fue otro de los maestros en el manejo del Poder Judicial. Como es comprobable fácilmente, desde la televisión Chávez anunciaba y señalaba quién debía ser procesado y preso, y horas después los jueces, todos, a partir de los propios los ministros de la Corte Suprema, actuaban en consecuencia.

También en países donde funciona la democracia uno de los peligros permanentes es cuando el poder político esquiva sus deberes y recurre a los jueces para dirimir conflictos que no corresponden a esa órbita. Cuando utilizan a los jueces. Y otro de los peligros es el desborde de los jueces, que olvidan que su función —sagrada función— es aplicar las leyes, ni más ni menos, y se creen ingenieros sociales y en casos se transforman en “estrellas” y casi se sienten dioses. Es una peste como se dijo. Esto de la politización o judicialización es un tema que merece mucho cuidado y atención.

Lo de Correa es bien elocuente. Cuando fue presidente inició una acción “como ciudadano” en defensa de su honor, contra un diario, El Universo de Guayaquil y tres de sus directores y un editorialista, Emilio Palacio. Este, en un artículo lo había acusado de inventar un golpe de Estado, para en fundón de ello perseguir a sus opositores y de ordenar a soldados abrir fuego a discreción y sin previo aviso contra civiles desarmados. Y hete aquí que la justicia rápidamente condenó a los demandados a ir a la cárcel (tres años para Palacio) y pagarle al presidente 40 millones de dólares. Fue un juicio ultrarrápido en que los acusados no tuvieron chance de defenderse y se les negó un recurso de apelación. La juez actuante se negó a firmar esa sentencia que fue redactada por el abogado patrocinante de Correa, rechazó un “premio” de 750 mil dólares y debió huir del Ecuador. En su lugar la firmó un juez provisorio que había ingresado por recomendación del citado abogado del presidente.

Correa ahora habla de judicialización de la política. Qué descaro.

El autor es periodista uruguayo. Fue presidente de la SIP.

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