Orteguismo aprueba ley de Unidad de Análisis Financiero, que podría usarse con fines políticos

Con la nueva ley se podrá investigar o intervenir todo negocio y a personas sobre las que sospeche estén vinculados a actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo

José Dolores Reyes director de asesoría legal de la UAF junto a otros miembros de esa institución. LA PRENSA/ JADER FLORES

José Dolores Reyes director de asesoría legal de la UAF junto a otros miembros de esa institución. LA PRENSA/ JADER FLORES

Los diputados orteguistas aprobaron la nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en la que se amplían las facultades a ese órgano para investigar o intervenir todo negocio y a personas sobre las que sospeche estén vinculados a actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La nueva legislación no tiene el respaldo oficial del sector privado y expertos han señalado que podría ser utilizada con fines políticos para castigar a sus adversarios.

El argumento de los orteguistas es que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio de plazo el 24 de julio próximo para que Nicaragua tenga una nueva ley del órgano de actuación de supervisión y prevención del lavado de dinero.

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Durante el debate de la aprobación de la normativa, la bancada del PLC, aliada del partido gobernante, se opuso a que se discutiera porque se exceden los poderes a la UAF y se expone a los empresarios y al resto de la población a sufrir represión por parte del Gobierno, una posición que ya ha sido denunciada por otros sectores que han interpretado que la nueva legislación tiene un doble mensaje.

La nueva obligación del Colegio de Contadores

Durante el debate, el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, presentó 13 mociones al texto de la Ley, siendo algunos de los principales cambios la obligación al Colegio de Contadores Públicos de crear una dirección especial para que reciba los informes de operaciones sospechosas que los contadores públicos deben realizar sobre los negocios en los que trabajen.

Esos reportes, el Colegio de Contadores deberá mandarlos a la UAF para que analice la información y determine si hay base para iniciar una investigación sobre delitos.

La nueva Ley de la UAF fue enviada por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, el 4 de abril pasado a la Asamblea. Desde el comienzo, el sector privado se opuso a la norma porque se le da el poder a la UAF de bloquear la actividad de cualquier negocio supervisado.

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Tras la crisis que estalló el 18 de abril pasado, tras la represión del ejecutivo, la relación entre el gobierno de Ortega y el gran capital se rompió, por lo que las nuevas leyes relacionadas a la economía ya no tienen el consenso del sector privado.

El director de Asesoría Legal de la UAF, José Dolores Reyes, estuvo durante la sesión plenaria, y negó que se vulnere el sigilio bancario y la estabilidad de los negocios. Reyes insistió en que el país debe tener un moderno marco legal para actuar contra el lavado de dinero porque se lo están exigiendo los organismos internacionales

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