Gobierno de Daniel Ortega criminaliza las protestas

En la nueva ley se establecen penas de cárcel ente 15 y 20 años de cárcel para quienes cometan terrorismo o a quienes financien estos delitos

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Los diputados oficialistas, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro en un momento de la sesión en la Asamblea este lunes. LA PRENSA/ JADER FLORES

La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó este lunes la nueva Ley contra el lavado, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en la que establece el delito de terrorismo, que es valorada como una arma con la que el gobierno de Daniel Ortega intenta criminalizar las protestas de los ciudadanos.

Desde abril pasado, el país vive una jornada de protestas que han sido brutalmente reprimidas por la administración sandinista, dejando un saldo de más de 351 personas asesinadas, según organismos de derechos humanos. Los ciudadanos de manera pacífica han demandado en las calles la dimisión de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que ha sido  rechazado por el ejecutivo que califica como terroristas a quienes actúan en su contra y los señala de querer romper el orden constitucional.

Los artículos de la nueva ley, que se enmarcan dentro de las descalificaciones del gobierno, son el número 394 y 395  donde se establecen penas de cárcel ente 15 y 20 años de cárcel para quienes cometan «terrorismo» o a quienes financien estos delitos.

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El artículo 394 de la Ley conceptualiza que terrorismo «lo comete quien cause la muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o abstenerse de hacerlo».

Los representantes del gobierno en la mesa del Diálogo Nacional han calificado de actos terroristas los tranques que en diferentes municipios del país han colocado los campesinos, así como las barricadas levantadas por los ciudadanos autoconvocados que son útiles para protegerse de los ataques de grupos paramilitares contra los ciudadanos.

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Los manifestantes  han presionado en estos meses al ejecutivo para que acepte discutir la democratización del país. Las autoridades también consideran «armas de uso de acciones terroristas y del crimen organizado» el uso de morteros que utilizan los ciudadanos autoconvocados para defenderse de los brutales ataques de paramilitares y antimotines orteguistas, quienes portan armas de guerra.

Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa del Diálogo, expresó su preocupación de que el Gobierno, por medio de su control de la Asamblea, apruebe leyes  que «vienen a criminalizar lo que en otros países se consideran la no violencia activa, que incluye la protesta pacífica ciudadana y además se cercenen derechos constitucionales de los nicaragüenses».

«Me preocupa que estas leyes vengan a cercenar derechos fundamentales.  (…)Si bien no conozco el texto de lo que se aprobó, debemos estudiarlo, pero me preocupa que puedan tener disposiciones que limitan derechos ciudadanos como manifestarse pacíficamente, y de que las autoridades intenten aplicar retroactivamente estas nuevas disposiciones», afirmó Tünnerman.

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Como parte de la represión contra las protestas, Policía y paramilitares han secuestrado y detenido ilegalmente a decenas de personas, incluido Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino y quien es miembro de la Alianza Cívica y uno de sus delegados en el Diálogo Nacional.

Migración  detuvo a Mairena el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando éste pretendía tomar un vuelo a Estados Unidos, pero las autoridades lo detuvieron y lo acusan de ser responsable de la muerte de cuatro policías en el municipio de Morrito, Río San Juan, y de cometer además «actos terroristas» por ser el coordinador de los tranques a nivel nacional.

Navarro no ve terrorismo en muerte de niños

Wilfredo Navarro, diputado del FSLN, defendió las detenciones de quienes están en los tranques porque para el legislador orteguista esas son acciones terroristas porque impiden la circulación de las personas y del transporte.

«Sí hay terrorismo, no viste como quemaron al policía (Jesús Vado Ruíz en Masaya)», dijo Navarro refiriéndose a la muerte del oficial el domingo pasado cuando paramilitares y antimotines atacaron brutalmente con armas de alto calibre a los ciudadanos que estaban en los tranques en los Pueblos Blancos y en Masaya. Ese ataque contra los civiles dejó al menos diez muertos, según organizaciones de derechos humanos.

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Para Navarro no hay terrorismo en los crímenes de los paramilitares que quemaron viva a una familia, entre ellos dos niños, en el barrio Carlos Marx, en Managua, lo que ocurrió a principios de junio pasado.
«Yo no estuve ahí, no puedo decirlo (si hubo ese crimen). Te fijás como hay parcialización de medios como el tuyo que promueven la violencia y defienden los crímenes, no he visto a LA PRENSA que condene esos crímenes a los policías», respondió molesto Navarro cuando se le cuestionó.

Afectación a ONG e iglesias

Durante el debate de la nueva ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el legislador del PLC, Maximino Rodríguez, (aliados del orteguismo) afirmó que «la nueva estrategia del régimen es acusar a estudiantes, campesinos y otros ciudadanos que participan en las manifestaciones pacíficas para llevarlos a la tramitación compleja, que significa que los jueces podrán detener hasta 12 meses en las cárceles a los ciudadanos, sin que se realice un juicio».
El diputado liberal constitucionalista, Jimmy Blandón, señaló el peligro de que las autoridades usen las leyes para presionar y atacar jurídicamente a las organizaciones no gubernamentales y religiosas, como la Iglesia católica por su posición crítica contra la represión a los ciudadanos.
Edwin Castro, jefe de la bancada gobernante FSLN, se molestó con sus aliados y señaló de que al votar en contra de la legislación «están demostrando estar a favor de la narcoactividad y del terrorismo».
La Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo fue aprobada con 70 votos del FSLN, 11 en contra del PLC y cuatro abstenciones que fueron los legisladores de la bancada PLI-ALN-APRE, que son aliados del orteguismo.

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