La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó este lunes la nueva Ley contra el lavado, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en la que establece el delito de terrorismo, que es valorada como una arma con la que el gobierno de Daniel Ortega intenta criminalizar las protestas de los ciudadanos.
Desde abril pasado, el país vive una jornada de protestas que han sido brutalmente reprimidas por la administración sandinista, dejando un saldo de más de 351 personas asesinadas, según organismos de derechos humanos. Los ciudadanos de manera pacífica han demandado en las calles la dimisión de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que ha sido rechazado por el ejecutivo que califica como terroristas a quienes actúan en su contra y los señala de querer romper el orden constitucional.
Los artículos de la nueva ley, que se enmarcan dentro de las descalificaciones del gobierno, son el número 394 y 395 donde se establecen penas de cárcel ente 15 y 20 años de cárcel para quienes cometan “terrorismo” o a quienes financien estos delitos.
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El artículo 394 de la Ley conceptualiza que terrorismo “lo comete quien cause la muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o abstenerse de hacerlo”.
Los representantes del gobierno en la mesa del Diálogo Nacional han calificado de actos terroristas los tranques que en diferentes municipios del país han colocado los campesinos, así como las barricadas levantadas por los ciudadanos autoconvocados que son útiles para protegerse de los ataques de grupos paramilitares contra los ciudadanos.
Los manifestantes han presionado en estos meses al ejecutivo para que acepte discutir la democratización del país. Las autoridades también consideran “armas de uso de acciones terroristas y del crimen organizado” el uso de morteros que utilizan los ciudadanos autoconvocados para defenderse de los brutales ataques de paramilitares y antimotines orteguistas, quienes portan armas de guerra.
Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa del Diálogo, expresó su preocupación de que el Gobierno, por medio de su control de la Asamblea, apruebe leyes que “vienen a criminalizar lo que en otros países se consideran la no violencia activa, que incluye la protesta pacífica ciudadana y además se cercenen derechos constitucionales de los nicaragüenses”.
“Me preocupa que estas leyes vengan a cercenar derechos fundamentales. (…)Si bien no conozco el texto de lo que se aprobó, debemos estudiarlo, pero me preocupa que puedan tener disposiciones que limitan derechos ciudadanos como manifestarse pacíficamente, y de que las autoridades intenten aplicar retroactivamente estas nuevas disposiciones”, afirmó Tünnerman.
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Como parte de la represión contra las protestas, Policía y paramilitares han secuestrado y detenido ilegalmente a decenas de personas, incluido Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino y quien es miembro de la Alianza Cívica y uno de sus delegados en el Diálogo Nacional.
Migración detuvo a Mairena el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando éste pretendía tomar un vuelo a Estados Unidos, pero las autoridades lo detuvieron y lo acusan de ser responsable de la muerte de cuatro policías en el municipio de Morrito, Río San Juan, y de cometer además “actos terroristas” por ser el coordinador de los tranques a nivel nacional.
Navarro no ve terrorismo en muerte de niños
Wilfredo Navarro, diputado del FSLN, defendió las detenciones de quienes están en los tranques porque para el legislador orteguista esas son acciones terroristas porque impiden la circulación de las personas y del transporte.
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