ONU: «La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente» en Nicaragua

Alto Comisionado de la ONU denuncia la actuación de paramilitares, mientras UE se pone a disposición para contribuir en el Diálogo Nacional

Un francotirador de los paramilitares del gobierno acecha, durante el ataque al empalme de Lóvago, Chontales. LA PRENSA/Cortesía

El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Rupert Colville, demandó este martes al gobierno de Nicaragua que detuviera la violencia contra la población, mientras denunció las «operaciones limpieza» realizadas por grupos paramilitares.

«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica», demandó Colville en un comunicado emitido en Ginebra, Suiza.

Naciones Unidas denunció la serie de violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses por la represión de grupos paramilitares del gobierno nicaragüense durante las protestas ciudadanas, que mañana 18 de julio cumplen tres meses.

«La violencia es aún más horrible puesto que los elementos armados leales al gobierno (de Nicaragua) están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la Policía y otras autoridades estatales», puntualizó el alto funcionario.

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Más de 350 personas han sido asesinadas por los grupos armados orteguistas desde el inicio de las protestas, que se realizaron en un principio por unas fallidas reformas a la seguridad social, pero tras la brutal represión se convirtieron en un reclamo por la renuncia de Ortega y de su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, así como el adelanto de las elecciones para que el pueblo elija un nuevo gobierno.

La ONU expuso que  como parte las formas represivas están las denominadas «operaciones de limpieza» cometidas por «la Policía, elementos armados y otros grupos violentos» fieles al gobierno de Ortega para quitar  «por la fuerza» de las balas «las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales» en diferentes departamentos del país.

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«Al menos 12 personas perdieron la vida durante el fin de semana, incluidas dos cuando se efectuaron disparos en la Iglesia Divina Misericordia en Managua, donde manifestantes estudiantiles buscaron refugio después de que las instalaciones de la universidad que habían estado ocupando fueron atacadas», agregó Naciones Unidas.

El personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presente en Nicaragua informó a su sede central que  contra la población civil «se están cometiendo una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas».

«El telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso», indicó el comunicado de la oficina del portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

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Criminalización a defensores de DD.HH.

También se pronunció sobre la persecución a defensores de derechos humanos. «Estamos observando una práctica emergente e inquietante consistente en la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las personas que han participado en meras protestas», y pone de ejemplo la detención de Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino y también a otro miembro de éste, Pedro Mena.

La Policía calificó a Mairena de terrorista por ser coordinador de los tranques a nivel nacional y lo responsabilizó de la muerte de cuatro oficiales en el municipio de Morrito, en Río San Juan.

Mairena y Mena son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y participantes en el Diálogo Nacional, en la que se exige al gobierno el cese de la represión. Aunque Mairena fue detenido el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Managua, cuando iba a viajar a Estados Unidos, desde entonces se desconoce su paradero, aunque a última hora se informó que las autoridades lo hicieron comparecer en los juzgados.

«Nos preocupa enormemente que dos defensores de los derechos humanos, Medardo Mairena y Pedro Mena, puedan ser víctimas de desaparición forzada», advirtió el Alto Comisionado de la ONU dijo antes de conocerse el proceso.

Exigieron además para al equipo de la ONU en el país y a otras organizaciones de derechos humanos «el acceso a todas las cárceles y otros centros de detención donde se cree que están detenidos» los campesinos. La Policía no ha permitido el ingreso a las cárceles, sobretodo en El Chipote, en Managua, a la delegación de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar la situación de los detenidos, ya que en los centros de detención se denuncia que hay más de doscientas personas retenidas por participar en las protestas contra el Gobierno.

El alto comisionado de la ONU  expresó además su preocupación por la nueva ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aprobada el lunes pasado por una Asamblea Nacional controlada por diputados orteguistas, «con una definición muy amplia de terrorismo, lo que plantea la preocupación de que pueda ser utilizada contra las personas que participan en las protestas».

Gobierno señala a ONU de «parcializado»

El ejecutivo de Ortega protestó a través de la Cancillería a las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos calificándolas de «parcializadas» por señalar que la nueva Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tiene un texto que podrían tildar de terroristas a quienes protestan pacíficamente contra el régimen.

«Rechazamos enérgicamente esta burda manipulación por parte del Alto Comisionado del derecho soberano y obligación del Estado de Nicaragua a legislar de acuerdo a los convenios  y tratados internacionales, para evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo», expresa la Cancillería nicaragüense en una nota de prensa emitida esta tarde.

El gobierno de Ortega acusó al alto funcionario de la ONU de «volverse cómplice de acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinado a nicaragüenses», pues insiste en su versión de que la protesta ciudadana lo que buscan es derrocar a Ortega.

Unión Europea acepta integrarse al Diálogo

La alta representante para asuntos exteriores y política y seguridad de la Unión Europea, y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini,  mandó una carta al canciller nicaragüense, Denis Moncada, en la cual exige a las autoridades poner «fin inmediato» a la violencia en contra de la población civil y a que «los grupos armados irregulares se desmantelen».

Se informó que la Unión Europea aceptó la invitación de los miembros del Diálogo Nacional para integrarse a las conversaciones y apoyar «en particular la Comisión sobre la democratización y asuntos electorales, con vistas a las reformas necesarias y a un proceso electoral plenamente democrático y oportuno» en Nicaragua.

En un comunicado emitido este 17 de julio, la Unión Europea informó que Mogherini llamó a las autoridades nicaragüenses a detener «la represión y las detenciones arbitrarias» a los ciudadanos que participan en las protestas pacíficas y «de que se respeten las libertades fundamentales».

«Sólo un Diálogo integral sobre justicia y democracia permitirá encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, que pueda responder a las demandas legítimas de la población. Para que esto suceda, la alta representante Mogherini recordó la necesidad de implementar todas las recomendaciones» de la CIDH y de que todas las comisiones acordadas en el Diálogo, en particular la Comisión de Verificación y Seguridad, la Comisión de Justicia y la Comisión de democratización se pongan efectivamente en acción», expresan los europeos.

Además, la UE  dispuso  de 300,000 euros para apoyar el acceso a la atención pre-hospitalaria y el transporte de las víctimas de la violencia en Nicaragua, y se anunció que van a reforzar su apoyo a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

«La Unión Europea está evaluando la mejor manera de apoyar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH» que están trabajando en el país para constatar la violencia.

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