Nicaragua acusa de cómplice de terrorismo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que la ley sobre terrorismo aprobada por el Parlamento oficialista puede usarse para criminalizar la protesta

José Dolores Reyes director de asesoría legal de la UAF junto a otros miembros de esa institución. LA PRENSA/ JADER FLORES

José Dolores Reyes director de asesoría legal de la UAF junto a otros miembros de esa institución. LA PRENSA/ JADER FLORES

La Cancillería de Nicaragua elevó este martes su «más energética protesta» por las «declaraciones parcializadas» de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que denunció que la ley sobre terrorismo aprobada por el Parlamento oficialista puede usarse para criminalizar la protesta.

«Rechazamos enérgicamente esta burda manipulación por parte del Alto Comisionado del derecho soberano y obligación del Estado de Nicaragua de legislar de acuerdo a los Convenios y Tratados Internacionales, para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo», reprochó la Cancillería en su nota.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos argumentó que, el artículo 394 de esa Ley, aprobada este lunes por el Parlamento de Nicaragua, «tiene un texto que podría tildar de terroristas a quienes se manifiestan pacíficamente».

«Al cuestionar esta Ley, la Oficina del Alto Comisionado se vuelve cómplice precisamente de acciones que nuestra legislación, como Estado responsable, condena y que hemos aprobado acorde con los Convenios e Instrumentos Internacionales», criticó la Cancillería.

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«Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar a un Gobierno constitucional, democráticamente electo por nuestro pueblo», denunció.

Cancillería advierte

La Cancillería advirtió que «cuestionar y manipular el derecho soberano y la voluntad política de Nicaragua de fortalecer sus capacidades jurídicas, técnicas y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras actividades ilegales va contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Orden Jurídico Internacional». «Exigimos el cese de este tipo de declaraciones y manipulaciones que no contribuyen en nada a crear el clima necesario para el diálogo entre nicaragüenses», concluyó.

La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de «terrorismo». «El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta», afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville, que puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso «casi totalmente controlado por el Gobierno».

La mayoría sandinista y sus aliados en el Parlamento aprobaron la cuestionada Ley en medio de la revuelta popular que comenzó el pasado 18 de abril y que el Gobierno califica como un «gravísimo problema del terrorismo».

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Criminalización

La oposición nicaragüense denunció que el Ejecutivo busca con esa Ley “criminalizar” la protesta cívica ciudadana y la persecución contra organismos cívicos y la iglesia católica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Acnudh han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo cual ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.

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