Sin la cooperación de Venezuela y sin la empresa privada como aliada, Daniel Ortega no podrá gobernar hasta 2021. La inyección foránea de más de cuatro mil millones de dólares a la economía desde 2008 y el papel activo de la empresa privada en la atracción de inversión privada permitieron a Ortega convencer al gran capital nacional y extranjero de que su modelo de diálogo y consenso era funcional porque mantenía la economía en crecimiento, al tiempo que desmantelaba la institucionalidad y secuestraba todos los poderes del Estado con la firme ambición de perpetuarse en el poder.
Esa nomenclatura de petrodólares más modelo de diálogo con la empresa privada permitieron a Ortega hacerle creer al mundo que Nicaragua, una de las economías más pobres de América Latina, iba por el camino correcto. Que su esquema había colocado al país en el reducido grupo de economías que crecían mientras el resto se debatía entre la incertidumbre financiera y la búsqueda de un nuevo orden económico mundial.
“La empresa privada creyó que Ortega había cambiado y mantuvo la dinámica inversionista de los 15 años precedentes. Sin esas inversiones no se hubiese explicado el crecimiento de los últimos 11 años, que fue fundamental para que dentro y fuera del país se hiciesen de la vista gorda que la estabilidad de Nicaragua era a costa de la democracia, hasta que estalló la crisis”, sentenció el economista Edmundo Jarquín.
LA PRENSA/EFE
Intentaba aplastar voces
Y mientras en Nicaragua algunas voces, que el Gobierno ha intentado aplastar, exhortaban a la empresa privada de que ese modelo no era sostenible por cuanto no estaba construido sobre bases democráticas, a nivel regional algunos países y organismos financieros internacionales lo elogiaban y lo consideraban un ejemplo a seguir.
El problema es que la política económica de Daniel Ortega, aunque contaba con el aval de los organismos financieros, no lograba “articular un crecimiento balanceado ni ha propiciado respaldo efectivo a los sectores más pequeños”, planteó el economista Alejandro Aráuz.
Muestra de ello es que más del 40 por ciento de los nicaragüenses tiene empleos precarios, los niveles de productividad de la fuerza laboral son excesivamente bajos y una gran mayoría no logra cubrir la totalidad de la canasta básica ni cotiza a la Seguridad Social.
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Cuando hace tres años el régimen comenzó a sufrir el duro revés con la caída de la cooperación de Venezuela, Ortega cada vez más dejaba en evidencia su afán de distanciarse de la empresa privada y agilizar el proceso de demolición de la institucionalidad para retener el poder.
Ortega ya no tenía nada qué ofrecer a la empresa privada y esta comenzó a exigir de manera aún tímida retornar al país a la democracia. El modelo del que tanto se ufanó el régimen se desplomó hace tres meses, cuando en su afán por cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para sobrevivir al debacle de la cooperación chavista, Ortega impuso una reforma a la Seguridad Social, que sacó a las calles a los nicaragüenses, respondiendo el Estado con una brutal represión que hoy dejan más de trescientos asesinatos, miles de heridos y desaparecidos.
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“En la crisis se juntaron agravios a diferentes sectores que terminaron articulándose con la gran demanda democrática que había sido ignorada por la comunidad nacional e internacional”, precisó Jarquín, al tiempo que señala que con esta crisis la empresa privada debe entender que para “Ortega solamente hay amigos (incondicionales, desde luego), y enemigos, y ahora ve al sector privado como enemigo”.
Modelo fallido y equivocado
“Hemos tenido un modelo económico y político fallido y equivocado hasta la fecha, y ya el pueblo decididamente dijo basta ya”, dijo por su lado el exministro de Hacienda, Mario Arana, quien reclama “un modelo incluyente de democracia con libertades y derechos para todos por igual, estados de derecho, respecto a la propiedad e instituciones que garantizan igualdad de derechos para todos”.
En esa línea, el economista Enrique Sáenz concluyó: “Ortega no está en capacidad de gobernar ni con empresa privada ni sin empresa privada por la sencilla razón de que el modelo de los años anteriores se desplomó desde su base y no hay condiciones para reeditarlo”.
“Ortega se convirtió en un aliado tóxico. Se ha colocado contra la Iglesia, contra las organizaciones internacionales de derechos humanos, contra los estadounidenses, contra los mismos empresarios, contra la comunidad internacional y contra el pueblo”, afirmó, al tiempo que recordó que “en términos estratégicos es un perdedor y nadie quiere aliarse con un perdedor. Menos los grandes capitales. Ortega no está en condiciones de darles ninguna garantía, así que la sensatez seguramente les aconseja que sigan demandando reformas democráticas”.
Proyecciones desastrosas
De insistir Ortega en quedarse en el poder, Arana señala que Nicaragua no volverá a ver las tasas de crecimiento de los últimos años, que de por sí ya eran insuficientes. Basado en un análisis de Economic Intelligence Unit, Arana explica que la economía decrecerá 1.8 por ciento este año, el próximo repuntaría 0.9 por ciento y 2.3 por ciento en 2020.
“Esa proyección todavía la consideraría optimista, pero estaríamos lejos del casi 5 por ciento que estábamos creciendo en promedio antes de esta crisis política”, reveló.
Esa proyecciones arrojan números “desastrosos para las familias nicaragüenses. Considero que esta administración con el nivel de convulsión social al que hemos llegado, no tiene la capacidad para recuperar la gobernabilidad, ni la economía de Nicaragua. Y lo mejor que puede hacer es negociar una salida a la crisis que le compre al país estabilidad de largo plazo”, enfatizó Arana.
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“Varios sectores apostaban a un aterrizaje suave y Ortega pateó la mesa, subió la parada y con sus actos está demostrando que prefiere estrellarse y no hablar de ningún aterrizaje. Igual que Somoza, está dejando a todo mundo sin más opción que enfrentarlo y subir la parada”, sostuvo Sáenz.
Insistirá en democratización
La empresa privada parece convencida de que el modelo de alianza con Ortega está agotado y que cualquier salida a la crisis pasa por cumplir las exigencias de la población: volver la democracia a Nicaragua.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó que “la crisis social y política que vive el país ya casi alcanza los tres meses y la represión sigue recrudeciéndose por parte de las fuerzas gubernamentales. Esto ha incrementado el ambiente de inseguridad ciudadana y ha afectado la imagen y el riesgo país. Por otro lado, recuperar la confianza de los inversionistas requerirá de previo resolver la crisis de legitimidad actual”.
“Mejorar la imagen del país demandará de muchos esfuerzos, pero sobre todo tiempo. En el momento en que estamos, las empresas de todo tamaño han sido afectadas. Hoy no hay confianza. Sin confianza no habrá crédito, ni inversiones, ni recuperación del turismo. La confianza no se logra con el uso de la fuerza bruta ni reprimiendo. La confianza no se logra utilizando políticamente algunas pymes de origen partidario. La confianza empresarial no depende de colores políticos”, advirtió Aguerri.
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El representante empresarial recordó que “el crecimiento es generado por el sector privado y en todos esos años promovimos la inversión nacional y extranjera, no solo en el exterior sino también atendiendo a inversionistas extranjeros que querían conocer de primera mano lo que acontecía en el país. Además, nuestro continuo trabajo en pro de obtener respuestas a los cuellos de botella que tenía el sector privado es su constante relación con el sector público, eso permitió superar muchas barreras administrativas que permitieron avanzar con los negocios e impulsar el crecimiento económico”.
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¿Vienen más represalias?
El sector privado está consciente que Ortega arremeterá contra sus intereses. Ya en la crisis actual ha puesto en marcha su maquinaria represiva contra el sector, que activamente le exige elecciones adelantadas. En estos tres meses de crisis, Ortega ha ordenado la invasión de fincas, un fantasma que se pensó sepultado, tras la piñata que el gobierno sandinista también protagonizó en el pasado.
El presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, dijo la semana pasada a medios oficialistas que en las próximas semanas el Gobierno impulsará una reforma fiscal, que reducirá las exoneraciones y exenciones, una exigencia que si bien ha planteado sobre la mesa el FMI, el Gobierno hasta ahora se había negado a cumplir.
Al no contar ahora con la alianza de Cosep, Gutiérrez dijo que buscarán a las mipymes, que por años fueron marginadas por el Gobierno en sus políticas económicas, por lo que ahora solo buscaría como estas legitiman sus medidas.
“En el momento actual, la reducción de la actividad económica ha impactado directamente en la recaudación tributaria y el Estado seguramente buscará recursos que pueden impactar negativamente a las empresas en el momento actual”, afirmó Aguerri.
“Al no ser consensuadas con el sector privado, no existe la retroalimentación necesaria para su evaluación. Y en esto hay que entender que muchos de los beneficios fiscales llegan directamente al consumidor final y al quitar estos beneficios, estarían afectando a una población que en la actualidad está muy debilitada”, advirtió.
“Como cualquier reforma, los riesgos están en ir más allá de solo tocar las exenciones o exoneraciones y abrir un abanico de temas que podrían afectar una serie de temáticas del plano fiscal”, señaló.
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Sáenz refirió que “Ortega no tiene ningún recurso que lo pueda sostener. Ni inversionistas nacionales ni extranjeros invertirán en el país. Con la caída de la producción y de los ingresos, ¿cómo va a resolver la crisis del INSS? ¿Cómo va a afrontar el gasto público? ¿Cómo va a mantener el subsidio al transporte urbano? ¿Cómo va a realizar la indispensable reforma fiscal? ¿Cómo va a mantener las relaciones con el FMI?”.
Es por esa razón es que Enrique Sáenz insistió: “La cúpula empresarial no tiene ya ni incentivos ni motivos para mantenerse en el mismo barco que Ortega”.
¿País va rumbo a ser Venezuela?
Aunque Daniel Ortega no tiene los pozos de petróleo que tiene bajo su mando su aliado Nicolás Maduro, los economistas admiten que de mantenerse en el poder Ortega —si insiste quedarse en el poder hasta el 2021—, puede conducir la economía por el mismo abismo que Maduro está llevando a su país.
El economista Alejandro Aráuz señaló que “la prolongación de la permanencia de Ortega en el poder irá paulatinamente debilitando los fundamentos económicos del país, y en perspectiva lo hará retroceder a los difíciles años de los ochenta y noventa”.
Y añadió: “Existe esta probabilidad que es real: el país podría quedar aislado del contexto comercial, financiero externo, la productividad a niveles de los noventa, etc.”.
Por eso, insistió, la salida de Daniel Ortega entre más pronto suceda le beneficia al país: “Ahora bien, si permanece más tiempo, el mal más grave que le puede ocurrir al país es ese (llegar a niveles de Venezuela), el retroceso económico que costaría muchos años y sacrificios a la población, en especial a los jóvenes”.
