Mientras Amnistía Internacional y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, advierten del recrudecimiento de la violencia en el país, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), resalta que el Gobierno desata una política de terror.
“La situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más”, dijo Abrao a la agencia AFP a quien dijo que para la CIDH solo hay un responsable “el Estado” y manifestó su preocupación por las reformas a la ley de terrorismo. Porque dijo “ puede facilitar que la Fiscalía o la Policía intenten cuadrar las conductas de los manifestantes como terrorismo”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, por su parte advirtió a través de una nota de prensa que “el presidente (Daniel) Ortega ha demostrado una y otra vez, que no se detendrá ante nada para aplastar a todas las personas que se atrevan a oponerse a su gobierno y a las desafortunadas que se interpongan en el camino, incluidos menores de edad, estudiantes, madres de víctimas y miembros del clero”.
A su vez, Guevara denunció que “en los últimos días, se han intensificado la escalada y la coordinación de los ataques generalizados contra la población civil, y se ha enviado a atacantes con armas letales a ciudades como Masaya, que se han convertido en símbolo de la resistencia al despiadado régimen del presidente Ortega”.
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El Cenidh por su parte, concluyó en su informe que los designados presidentes y vicepresidentes por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega y Rosario Murillo, “desarrollan de manera implacable una política de terror contra el pueblo de Nicaragua que legítimamente se manifiesta en defensa de sus derechos, política desarrollada a través de fuerzas policiales y parapoliciales”.
“A tres meses desde que inició la represión los nicaragüenses han vivido la violación masiva y sistemática a sus derechos fundamentales promovida, organizada y ejecutada por el Estado de Nicaragua”, sostiene el Cenidh.
La violenta represión contra la población ahora se ejecuta a plena luz del día, según el Cenidh, que indica que inicialmente era efectuada por la noche y era negada por el gobierno.
“Actualmente se realiza a plena luz del día e incluso filmada por los parapoliciales y luego subida a la red como una estrategia para provocar temor. Asimismo, como parte del terrorismo de Estado en el país se ha desarrollado una verdadera cacería de manifestantes, los que luego son judicializados en causas inconsistentes y procesos violatorios a los derechos humanos”, indica el informe del Cenidh.
Señaló que el Ministerio Público hasta la fecha no ha acusado a ningún policía o paramilitar del Gobierno por los crímenes que han cometido contra la población y manifestantes. Esto a pesar que familiares y testigos de las víctimas, “señalan como los principales autores a la Policía Nacional, fuerzas parapoliciales, Juventud Sandinista y trabajadores de diversas alcaldías del país”. Mientras se ha incrementado la persecución contra líderes estudiantiles, campesinos, religiosos, defensores de derechos humanos.
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Impiden labor de socorro
En su informe el Cenidh, refiere que durante este período policías y parapolicías obstaculizan la labor de cuerpos de salvamento como la Cruz Roja. “Es una clara manifestación de la ausencia de límites en la violación de los derechos humanos por parte del régimen”, dice el Cenidh, que menciona como ejemplo el caso ocurrido el 13 de julio, cuando policías impidieron por más de cinco horas el traslado a hospitales de los heridos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)Managua refugiados en la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia.
No hay seguimiento
De treinta denuncias presentas por las familias de asesinados con el acompañamiento del Cenidh solamente en el caso del periodista Ángel Gahona esa institución ha presentado acusaciones.
Y en este caso la familia de Gahona ha afirmado claramente que los detenidos actualmente, no son los responsables del crimen.
En su cuarto informe, el Cenidh destaca que las víctimas a las que realizan acompañamiento, no conocen de la realización de diligencias investigativas por parte del Ministerio Público.
Y más bien “los casos se estancaron luego de la entrevista a las víctimas”, resalta el Cenidh en su informe.
Por otra parte, apunta el Cenidh casos como el de los médicos, Irving Escobar, de 29 años, y Blanca Cajina Urbina, de 25, a quienes la Policía les atribuye delitos de terrorismo.
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