Daniel Ortega celebró ayer el 39 aniversario de la revolución sandinista, regocijándose por la represión terrorista contra los nicaragüenses que se han sublevado sin armas contra la dictadura.
Casi 400 muertos, más de dos mil heridos, decenas de desaparecidos, encarcelados y torturados, ha dejado la represión genocida del régimen orteguista, que además ha agredido a obispos y sacerdotes católicos, inclusive al Nuncio Apostólico, atacado templos y profanado símbolos sagrados.
Pero Ortega ha celebrado este aniversario sandinista, cerrando toda posibilidad de que en el Diálogo Nacional se pueda alcanzar un acuerdo para la democratización nacional y acusando a la Conferencia Episcopal de intentar un golpe de Estado, porque le propuso adelantar las elecciones para marzo del próximo año como una salida viable, democrática y constitucional de la grave crisis que sufre la nación.
Ortega reiteró ayer su falaz acusación a los estudiantes, campesinos y ciudadanos autoconvocados, de ser los provocadores de la violencia y de cometer horrorosos asesinatos para desestabilizar su gobierno y tratar de derrocarlo. Los crímenes genocidas que él comete se los atribuye a sus opositores. No reconoce que la crisis la provocó él mismo con su salvaje represión de las protestas pacíficas de los estudiantes. Es fácil imaginar que si las bandas de criminales orteguistas no hubieran reprimido salvajemente al grupo de estudiantes que el 18 de abril se reunieron en el Camino de Oriente de Managua, para protestar pacíficamente contra la reforma del seguro social, la gente no hubiera reaccionado masivamente ni se hubiera insurreccionado sin armas.
Ortega ha llevado hasta los organismos internacionales el argumento falaz de que la lucha cívica del pueblo de Nicaragua por la libertad y la democracia, y la propuesta de los obispos de adelantar las elecciones, es un intento de golpe de Estado contra su gobierno. Pero nadie se lo ha creído porque es absurdo, más bien lo han condenado por la represión genocida y le exigen que permita una salida democrática de la crisis, a través del Diálogo Nacional en el que los obispos sirven como mediadores y testigos.
Por supuesto que no es golpe de Estado pedir la renuncia de Ortega y Murillo, como demanda la población autoconvocada. Y tampoco sería un golpe de Estado adelantar las elecciones para marzo del próximo año, como lo han propuesto los obispos, o para agosto como lo propone el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Los juristas constitucionalistas y los obispos han demostrado de manera convincente, que el adelanto de las elecciones se puede hacer en el marco de la Constitución, como el mismo Ortega lo aceptó en 1989 ante los presidentes centroamericanos y mediante una reforma constitucional adelantó para febrero de 1990, las elecciones que de acuerdo con la Constitución debían realizarse en noviembre de ese año.
A Ortega lo ciega su obsesión mesiánica, su delirio de poder y su ideología totalitaria. No quiere abrirse a una salida democrática de la crisis, lo que seguramente tendrá consecuencias que lamentablemente no las pagará solo él, sino toda la gente y la economía nacional de Nicaragua.