Mientras trabajadores del poder judicial celebraban este jueves la fiesta partidaria del 19 de julio con banderas rojinegras en el patio del Complejo Judicial Central de Managua, en el primer piso del edificio, el juez suplente Félix Salmerón ordenaba prisión preventiva contra diez ciudadanos que participaron en las protestas cívicas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana.
El Ministerio Público presentó dos acusaciones contra diez jóvenes que estaban atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y otros que participaron en las protestas y barricadas de barrios de la ciudad capital, como seguimiento a la campaña de represión judicial contra quienes han participado en las manifestaciones cívicas.
Uno de los acusados es el cirujano dentista Irvin Escobar Ortiz, de 29 años, quien fue capturado junto a su pareja la doctora Blanca Lisseth Cajina Urbina, de 25 años, quien fue puesta en libertad la mañana de este jueves en El Chipote, después de seis días de detención ilegal.
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Al respecto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su tercer informe indica que “nota la existencia de un patrón de represión caracterizado por las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos”.
Además, agregó que durante la tercera semana de trabajo, observó una “narrativa acusatoria exacerbada por las autoridades del Estado”.
Según sus familiares, la pareja fue detenida con violencia sobre la vía pública en el sector de Metrocentro, por la Policía, porque estos prestaban auxilio a los muchachos que estaban atrincherados en la UNAN; sin embargo, el Ministerio Público este jueves lo acusó de tráfico ilegal de armas, bajo la modalidad de transporte en perjuicio de la tranquilidad pública.
Junto al médico fueron acusados por el mismo delito Crisffer Steven Busto Molina, de 21 años; David Salvador López Artola, 19 años, y un menor de edad, que fue trasladado a juzgados de menores ante los alegatos de la abogada Yonarqui Martínez, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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La causa se ventiló en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez suplente Félix Salmerón.
Estos muchachos fueron capturados por la Policía, el sábado 14 de julio, un día después que fuerzas combinadas de policías y paramilitares atacaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y los desalojaron a balazos.
Según nota de prensa de la policía del régimen, estos jóvenes son parte de “los grupos delincuenciales y terroristas que tenían ocupada la UNAN-Managua” y supuestamente ocultaron pertrechos militares en el interior de la Iglesia Divina Misericordia, ubicada en el costado sur de dicho recinto. Ahí, según la Policía, se organizó una caravana de vehículos, de ellos uno ocultó y transportó armas de fuego y otros artefactos.
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“… dicha caravana fue organizada y protegida por autoridades de la Iglesia Católica, como parte de las actividades que líderes católicos venían dando a estos elementos, se trasladan a la Catedral Metropolitana de Managua”, se lee en la nota.
Según acusación de la Fiscalía, a los cuatro procesados se les ocupó una pistola marca Glock modelo 40 SW, serie N° MIA0766, con un cargador y 11 cartuchos; un fusil Remington, calibre 30-06, serie 572073, mira telescópica; un fusil calibre 22 con número de serie 28835, mira telescópica; una escopeta calibre 12 con tres cartuchos y dos armas artesanales.
Las defensas Martínez y Julio Montenegro alegaron que no reunía los requisitos de tiempo, lugar, no especifican la acción de cada uno de los acusados.
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Montenegro solicitó medidas cautelares alternas a la prisión preventiva para el cirujano dentista porque es cardiópata y necesita de tratamiento médico, pero lo dejaron en prisión preventiva.
Otra acusación
Mientras el jolgorio partidario de los trabajadores continuaba en el Complejo Judicial, el juez suplente Salmerón realizó la segunda audiencia.
Los procesados fueron Erwin José Ramos Alemán; Elba Valle Mondragón; Irma Elizabeth Centeno Rivera, de 19 años; Eldric Alexander Gaitán, de 23 años; Yuri Iclea Valerio Rivera, de 20 años, y Germán Antonio Martínez García, de 29 años, acusados de portación y uso ilegal de arma de fuego en perjuicio de la tranquilidad pública del Estado.
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Supuestamente a ellos les ocuparon un rifle 22, serie A1049516, marca ARMCOR; una escopeta calibre 12, color negro, modelo 88, serie MV60696L, marca Maverick, y una escopeta calibre 20, sin serie ni marca visible. Estos señalamientos son negados por los jóvenes. El judicial admitió la acusación e impuso la prisión preventiva. La audiencia inicial será el 31 de julio.
Desempolvan sentencia
En el mismo Complejo Judicial, la hermana de la comerciante Irlanda Jerez presentó este jueves un recurso de exhibición personal a favor de esta después de ser detenida por la Policía en el sector de la rotonda Rubén Darío, en la capital.
El recurso fue asignado a la sala especializada en violencia que estaba de turno, sin embargo, a través de la página web del poder judicial se informó que la comerciante, líder del Movimiento 19 de Abril en el mercado Oriental, tiene supuestamente una condena de cinco años de cárcel por varios delitos desde el 2016.
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“La delegación policial del Distrito Uno de esta capital hizo efectiva la Orden de Captura y Allanamiento de Morada girada por la doctora Karen Vanessa Chavarría Morales, Juez Octavo Local Penal de Managua, en contra de la señora Irlanda Ondina Jerez Barrera, declarada culpable de los delitos de falsedad ideológica y estelionato, en concurso medial con uso de falso documento y falsedad ideológica en perjuicio de Zoraida Lorena López Salmerón”, dice la nota.
Una vez que la condenada sea puesta a la orden del juez, se ordenará su remisión al Sistema Penitenciario Nacional para cumplir la pena correspondiente.
Condenada desde el 2016
Irlanda Ondina Jerez Barrera, comerciante del mercado Oriental, supuestamente fue condenada mediante la sentencia número 275 dictada por el doctor Edgard Orlando Altamirano López, juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, a las 11:30 a.m. del 16 de noviembre de 2016, en la cual se declaró culpable a Jerez Barrera de usurpación del dominio privado, fraude por simulación, estelionato en concurso medial con uso de falso documento y falsedad ideológica, todos en perjuicio de Zoraida Lorena López Salmerón.
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La pena impuesta por cada uno de estos delitos fue de seis meses, un año y seis meses, y tres años respectivamente.