El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirma que en las diferentes ciudades donde el Gobierno desató la represión “se mantenía un diálogo para alcanzar próximamente una disolución espontánea y pacífica de tranques”.
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En su último comunicado de prensa emitido este jueves el Meseni asegura que constató en el terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales, como los llama esa organización, con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades.
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Entre la localidades mencionadas por el Meseni están Diriá y Diriomo, en Granada; Niquinohomo, Catarina, La Concepción y Monimbó, en Masaya; donde según la población se desata una cacería de parte de los paramilitares, sobre todos por las laderas de la Laguna de Masaya adonde habrían huido los jóvenes autoconvocados, muchos de ellos heridos o Empalme de Lóvago, en Chontales, donde los campesinos ya habían desmontado el tranque cuando fueron emboscados. Estos hechos fueron condenados por la CIDH.
En el caso particular de lo que ocurre en las laderas de la Laguna de Masaya, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, expresó que aún no puede adelantar que han hecho a favor de los perseguidos, pues indicó aún en conversaciones.
No obstante, Leiva dijo que donde han realizado la llamado operación limpieza los poblados caen “en una verdadera anarquía”, quien sostuvo que en los lugares “donde se ha realizado la operación limpieza de los tranques impera el temor, las ejecuciones, el secuestro las desapariciones, el allanamiento ilegal de morada y la destrucción de la propiedad privada y pública”.
Insta a reanudar el diálogo
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, reafirmó, según el comunicado de prensa, que “es de fundamental importancia reanudar el Diálogo Nacional en el país con el fin de alcanzar una solución pacífica a esta crisis de derechos humanos”.
En este sentido el secretario ejecutivo de la CIDH, advirtió la importancia de que “cualquier acción realizada de desmovilización debe pasar previamente por la Comisión de Verificación y Seguridad, a partir de un plan pactado y transparente que garantice la integridad física de las personas, sin represalias”.
Asimismo reiteró que: “La CIDH, por medio del Meseni, seguirá actuando bajo su mandato de protección, monitoreo y promoción, así como asistiendo a la Comisión de Verificación y Seguridad”.
Igualmente el Meseni resalta que un video que circuló en redes sociales esta semana, titulado “El facismo ordinario presente en Nicaragua” (sic), sostiene que “el golpe de estado fallido fue perpetrado por la Iglesia católica, medios de comunicación, sociedad civil y políticos corruptos” exhibe imágenes de varios periodistas a quienes acusan de “responsables”, y de llevar adelante una “guerra mediática” y de producir “fake news” (noticias falsas).
Y de acuerdo al mismo instituciones como “la Conferencia Episcopal (de Nicaragua) de forma inmisericorde y queriendo buscar la desestabilización del país, encubre a los delincuentes en las iglesias”; “la guerra mediatica tritura a la población con las famosas `fake news`, medios de comunicación, redes sociales y espacios televisivos que transgreden la ley”; y “los miembros de la sociedad civil pervierten sus funciones uniendose al facista golpe de estado en contra del pueblo de Nicaragua” (sic)”.
Por ello, la CIDH y su relatoría especial para la Libertad de Expresión “observan con grave preocupación esta situación” y recuerda que los periodistas y camarógrafos que realizan obeerturas en caso de de una manifestación pública, “no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se pongan en riesgo los derechos de terceros”.
La CIDH reitera su rechazo a cualquier tipo de expresión o discurso intimidatorio de altos funcionarios o líneas editoriales de medios informativos del Estado en contra de la población, dirigentes, defensores de derechos humanos y periodistas “como forma de disuadir el derecho a la manifestación, estigmatizarlos o deslegitimarlos, y recuerda además la obligación del Estado de dar protección y prevención a periodistas que, en el contexto de las protestas sociales, se encuentran en situación de riego”.
La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos.