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Rosario Murillo, protesta, amenaza, cárcel, manifestantes

Rosario Murrillo, habla en la celebración del 39 aniversario de la revolución sandinista. LA PRENSA/ J. FLORES

Rosario Murillo amenaza con cárcel a quienes protestan contra el Gobierno

"Sabemos que hay instituciones que harán justicia a las víctimas del terrorismo golpista", fue la amenaza de la vicepresidenta designada hacia los universitarios, campesinos y sectores que promovieron las protestas

La vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, amenazó ayer con “hacer pagar” a quienes han dirigido y apoyado las protestas sociales, ya que para el oficialismo es “un intento de golpe” contra el presidente designado, Daniel Ortega.

Con estas declaraciones, Murillo Zambrana oficializó lo que ya la Policía, Ministerio Público y poder judicial vienen haciendo contra los manifestantes cívicos.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó este 19 de julio en su último informe la existencia de “un patrón de represión caracterizado por las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos”.

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Murillo, en su acostumbrada intervención de mediodía, dejó al descubierto el uso represivo de las instituciones como la Fiscalía y el poder judicial, controladas por el partido gobernante, en contra de los opositores al régimen, a los que ella llama “golpistas” y pidió justicia solo para las víctimas de la “familia sandinista”, pero no mencionó los más de 300 asesinatos y cientos de heridos del pueblo, víctima de la represión de paramilitares y policías.

“No hay olvido, hay justicia… ¡Que reparen a tanta familia! ¡Que dejen de ser sinvergüenzas! ¡Que dejen de ser cínicos! Que dejen de buscar padrinos que nada tienen que ver con Nicaragua”, vociferó Murillo, en alusión hacia los movimientos universitarios, campesinos, sectores empresariales y de la sociedad civil, que han llamado a mantener la presión y denunciado internacionalmente al Gobierno por la brutal represión.

“Hay un pueblo indignado, que exige justicia y reparación de quienes han sufrido crímenes de los grupos golpistas… Sabemos que hay instituciones que harán justicia a las víctimas del terrorismo golpista. Esas instituciones serán capaces de reconocer los delitos, los crímenes aberrantes y diabólicos (…), porque deben pagar por la destrucción de tantas vidas, del país, de infraestructura de instituciones públicas”, dijo furibunda Murillo.

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Organismos de Derechos Humanos nacionales registran más de 350 personas muertas desde el 18 de abril pasado, cuando estallaron las protestas, primero por la reforma fallida al sistema de Seguridad Social y luego para demandar justicia y democratización en Nicaragua.

Cacería de civiles

Cientos de ciudadanos han sido detenidos ilegalmente por paramilitares y la Policía del régimen, que desataron una cacería de estudiantes, campesinos y de todo poblador que participó o apoyó los tranques, barricadas y manifestaciones.

Por ejemplo, en los últimos tres días de esta semana han llegado 48 nuevas detenciones ilegales a las cárceles de tortura conocidas como El Chipote, informó la abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La mayoría de estos arrestos vienen de Masaya, Niquinohomo, y resto de pueblos blancos que fueron letalmente atacados el 15 de julio por fuerzas irregulares y antimotines.

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A esta dramática situación se suma el sufrimiento de las madres en El Chipote, donde la Policía no proporciona ni la más mínima información de los detenidos y secuestrados.

Además, son víctimas de tácticas dilatorias de parte de magistrados en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quienes al admitir recursos de exhibición personal, asignan jueces ejecutores que están muertos, que cambiaron de dirección, que están fuera del país o que no ejercen, denunció Pablo Cuevas, de la CPDH, organización que apoya gratuitamente a la población en asuntos legales.

“Tenemos reos que les han asignado hasta cinco jueces ejecutores, estas son tácticas dilatorias para darle tiempo al Ministerio Público de inventar acusaciones y llevarlos a los Juzgados”, dijo Cuevas, quien detalló que en promedio cada semana se presentan al menos 140 recursos de exhibición personal por detección ilegal ante el TAM.

Mientras en los Juzgados, la Fiscalía ha presentado cerca de 40 causas en contra de unos 200 manifestantes distribuidos en los mismos expedientes, donde la Fiscalía tiene como víctimas únicamente a la Policía, al Estado de Nicaragua y militantes sandinistas.

Acusan de terrorismo y más

La persecución política contra miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y participantes en el Diálogo Nacional y de movimientos sociales que apoyan la Alianza es evidente. Esta semana la Fiscalía presentó a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes acusó de terrorismo, crimen organizado, asesinato y otros delitos. La mayoría de ciudadanos y universitarios que están en las cárceles ilegalmente se les ha acusado de crimen organizado, asesinatos, obstaculizar la vía pública, daños a la propiedad pública y privada, entre otros delitos.
Según informe de la CIDH, como consecuencia de estas acciones, un gran número de personas se han visto forzadas a huir de sus casas, esconderse y desplazarse a otros lugares tanto dentro como fuera del país.

Durante los procesos legales jueces violan derechos constitucionales y procesales de los detenidos, negándoles el derecho de elegir a su abogado, realizando audiencias privadas y admitiendo acusaciones sin elementos de pruebas consistentes, critican abogados penalistas.

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