Una vez más representantes de los cafetaleros le advierten al Gobierno que los casi veinte millones de dólares que acumula el Fondo para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (FTDC) no pueden ser usados “para congraciarse con pequeños grupos”, ya que este dinero ha sido aportado por el sector y su utilización requiere del aval de todos sus representantes.
“Si tocan ese dinero les va a salir el diablo, porque esa plata es de todos los cafetaleros… nosotros como gremio estamos a la expectativa y ante cualquier cosa que hagan vamos a reaccionar”, advirtió Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN).
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Aunque los dirigentes de la ANCN confían en que el banco donde está el dinero no lo entregará sin la firma de los representantes del sector privado, el temor de que las autoridades “echen mano de esos recursos” incrementó la semana pasada, cuando en una reunión en el Banco Central de Nicaragua del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, con supuestos representantes del sector cafetalero, un productor sugirió utilizar el dinero.
“La Conatradec podría ser el fondo para conseguir los financiamientos para paliar algunas situaciones que estamos enfrentando los medianos y pequeños cafetaleros en Nicaragua”, dijo el productor jinotegano José María Herrera durante el encuentro, según publicaciones de medios oficialistas.
No conocen a productor
“Lo escuchamos (la declaración de Herrera), pero yo no sé quién es ese productor, no lo conozco, le pregunté a los representantes de varias organizaciones y todos me dijeron que no lo conocen, pero como hay tantas cooperativas fantasma puede ser que haya salido de alguna de ellas. Pero nosotros seguimos a la expectativa porque ese fondo es de todos los productores y no pueden tomar ningún tipo de decisión”, aseveró Sevilla Kuan.
Desde 2014 los productores alimentan el FTDC con aportes de entre uno y dos dólares por cada quintal de café que exportan. El dinero fue puesto en un fideicomiso administrado por la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatredec), en espera de que se determinaran las acciones que financiaría para renovar al sector.
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Pero con la ruptura del modelo de alianza que el sector privado mantenía con el Gobierno —en abril pasado, cuando inició la crisis sociopolítica que vive el país— la mayoría de sus ocho representantes en la Conatradec renunciaron y la instancia quedó en manos de los cuatro representantes del Gobierno, por lo que temen por los recursos.
Con este fondo estaba planeado impulsar un programa de renovación de cafetales, construcción de un laboratorio, entre otros.
Próxima semana decidirán
La presidenta de la ANCN anunció además que debido a que ya hay mejores condiciones para movilizarse en el país, la próxima semana se reunirán para tomar una decisión porque ese fondo tiene que resguardarse.
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“Tenemos que tomar una decisión porque es un fondo de veinte millones de dólares que están ahí y se tiene que garantizar su resguardo, y en las condiciones en las que está el sector con la caída de los precios, no podemos exponer esos recursos, que son el resultado de cuatro años de sacrificio aportando a ese fondo, y el Gobierno no lo puede utilizar para congraciarse con algunos pequeños grupos”, refirió Sevilla Kuan.
Conatradec siempre inoperante
Desde su instalación en 2014, la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) ha sido calificada por representantes del sector como “inoperante”, ya que pese a contar con un fondo que a la fecha ronda los veinte millones de dólares, hasta ahora no desarrolla ninguna acción en pro de la renovación del sector, pese a que esa es su razón de ser.
En estos años, el trabajo de dicha instancia —integrada por ocho representantes del sector privado y cuatro del sector público— ha sido boicoteado por el titular del Ministerio Agropecuario, Edward Centeno, que según la ley es quien la preside.
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Esto impidió durante meses incluso el nombramiento del secretario general y concretar la instalación de un laboratorio que facilitaría la elección de las nuevas variedades del grano que se utilizarían para renovar las plantaciones afectadas por la roya desde el 2012.
Actualmente con la ruptura de la alianza entre los empresarios y el Gobierno, es imposible que la instancia cumpla la función para la que fue creada.