Organismos de Derechos Humanos y algunos abogados litigantes critican la “doble moral” con que actúan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes callan y hasta defienden a jueces señalados por presuntos nexos con el narcotráfico y descalifican, sancionan y destituyen a jueces con quejas comunes, como el reciente caso de la exjuez Indiana Gallardo y en el 2013 el caso de la exjuez Gertrudis Arias.
“En nuestro país, hay dos tipos de ciudadanos. Los que tienen impunidad para delinquir y los que no pueden ni protestar porque los reprimen hasta la muerte”, dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Cuevas agregó que en dicha organización han recibido cantidades de denuncias contra varios jueces de Managua y la Corte nunca hace nada y ahora están sorprendidos de los argumentos que dieron los magistrados para destituir a la juez Indiana Gallardo.
“Hemos observado grandes actos de corrupción y violación al debido proceso de varios jueces y magistrados y aunque se interpone la queja ante la corte, no pasa nada, pero nosotros estamos convencidos que no la destituyen por esas causas, sino porque trato de tutelar algunos principios constitucionales de los procesados”, dijo Cuevas.
“Es dirigido”
También agregó que el pecado de la juez fue “protestar por la dignidad del poder judicial y de los reos, y dijo que iba a exigir informe y sus superiores en vez de reconocerle este hecho digno, lo que hacen es despedirla, no es casualidad que horas después de eso la despiden. Es dirigido”, explicó el defensor de derechos humanos.
Mientras abogados penalistas recordaron que en septiembre del 2017, la juez Victoria López, titular del Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa y su hijo Róger Lenín Santos López, asesor de la CSJ fueron señalados por el marero salvadoreño Sergio Umaña Salamanca de supuestamente haberle tramitado la cédula de identidad nicaragüense número 081-140282-1000T bajo el nombre de Manuel Luna Salmerón.
Además, una familiar de este señaló a los trabajadores de un presunto cobro para sacarlos en libertad en el caso por narcotráfico. Sin embargo, la CSJ a pesar que el abogado Álvaro García, ofreció pruebas del presunto soborno, los magistrados no hicieron ni un llamado de atención, ni suspensión de cargos. La magistrada Alba Luz Ramos dijo que no había nada y cerró el caso, pero la sociedad quedó clara de la corrupción del poder judicial.
Jueces de Rivas destituidos
En marzo de 2018 el juez único local de Potosí, Felicito Roberto Latino Telica, y la juez local único de Tola Astrid Fonseca Yubank, ambos del departamento de Rivas, fueron destituidos en silencio por los magistrados de la CSJ.
Ambos fueron señalados de presuntamente tramitar reposición de partidas de nacimiento a narcos, misma que luego utilizan para tramitar cédulas de identidad nicaragüenses. Por este trámite supuestamente cobraba entre cinco mil y 10 mil dólares.
A pesar del grave señalamiento e investigación de la Policía quien se llevó varias expedientes de esos juzgados y supuestamente confirmó el actuar doloso, los magistrados solo se limitaron a destituirlos y no decir ni una sola palabra al respecto, a pesar que la información fue pública.
“Vemos que hay trato desigual de los casos, parecieran venganzas contra privilegios y no procesos serios de parte de los magistrados”, dijo una abogada.
4 trabajadores del Poder Judicial han sido señalados de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, tres jueces y un asesor de magistrado de la CSJ, pero solo dos destituyeron en silencio