Nuevas leyes contra el terrorismo y lavado son inconstitucionales en Nicaragua

Leyes son inconstitucionales porque rozan con el derecho a la protesta ciudadana, con el derecho al sigilo bancario y el principio de legalidad penal,

La Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o ley 976 y la Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobadas la semana pasada por el gobierno de Daniel Ortega y que ya están vigentes, son inconstitucionales porque rozan con el derecho a la protesta ciudadana, con el derecho al sigilo bancario y el principio de legalidad penal, afirman juristas.

El abogado penalista Nelson Cortez explicó que la nueva de ley de la UAF obliga a los contadores y abogados a pedir información financiera a sus clientes, como el origen de los fondos y estos profesionales están obligados a reportarlos a la UAF, lo que viola el derecho constitucional de los ciudadanos (art. 26 ) de saber porqué y con qué finalidad el gobierno quiere esa información.

En el mismo sentido, el exfiscal departamental del Ministerio Público Boanerge Fornos, explicó que en dicha ley se otorga una amplia potestad a la UAF, a la Policía a la Fiscalía y viola el sigilo bancario de los ciudadanos e inversionistas extranjeros.

“Con esta ley abusiva, pretenden conseguir información como la solicitud que hicieron a los bancos de informarles quienes habían retirado 50 mil dólares de sus cuentas en junio pasado. Ahora con esta ley la UAF te podrá pedir esa información y los sujetos obligados (bancos, abogados, contadores, microfinancieras) tendrán que proporcionarlo”, dijo Fornos.

Según el penalista, este tipo de ley lo que persiguen es procesar a personas que sean no de interés por comisión de actos delictivos, sino político que estén en oposición al régimen y “en este contexto de perseguir y procesar a personas que quizás estén apoyando las manifestaciones ciudadanas contra Ortega con víveres, alimentanción, transporte y vincularlo a las actividades de terrorismo y desmotivar el apoyo a las protestas”, recalcó Fornos.

Desincentivar la inversión

Esta violación al sigilo bancario lo que hará es generar en los ciudadanos desconfianza hacia el sistema financiero nacional y en los inversionistas extranjeros, “por cuanto el sigilo es importante en el movimiento de negocios y que a los empresarios les gusta cuidar, para no ser blanco de secuestros, extorsiones”, agregó Fornos.

Mientras que con la Ley Contra el lavado, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas masivas, según ambos abogados, el gobierno de Ortega pretende criminalizar el derecho a la protesta ciudadana, que es un derecho constitucional plasmado en los artículos 53 y 54 de la carta magna.

Además, criminaliza la solidaridad humana, porque pretende perseguir y procesar a quienes llevan comida, agua, ropa a quienes participan en las manifestaciones del pueblo. “La legitimidad de una ley es que no contravenga la Constitución. El artículo 182 de esta dice que no tendrán valor alguno las leyes que se le opongan o alteren sus disposiciones, por tanto estas leyes son inaplicables y deben recurrirse por inconstitucionalidad”, agregó Cortez.

Penalizan uso de molotov y morteros

Según los abogados penalistas Nelson Cortez, Boanerge Fornos y Róger Alvarado el concepto de terrorismo, financiamiento a este, así como la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento son demasiados amplios y los dejan a la libre interpretación del juez, contrario a la Constitución que dice deben ser “expresas” sin lugar a interpretaciones.

“En la parte final de estos supuestos jurídicos hablan de “alterar el orden público”. Lo que da pie a que si una persona anda morteros y molotov en una protesta pueden procesarla bajo este delito, por lo que estas leyes tienen fin represivo”, dijo Fornos.

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