Después de más de tres meses de resistencia cívica de la población, el Gobierno ha recrudecido la persecución, lo cual se ve traducido en detenciones arbitrarias, secuestros y exilio forzado que obliga a miles a pasar a la clandestinidad.
Y una vez procesados de forma ágil son remitidos a los tribunales, donde los operadores de justicia les acusan principalmente por el delito terrorismo.
Esto en palabras de la designada vicepresidenta por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, es recuperar la paz y el derecho a circular.
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Aunque las organizaciones de derechos humanos no cuentan con un dato concreto de los alcances de esta situación provocada por la persecución gubernamental, las denuncias son constantes a través de las redes sociales y dan una idea de lo que viven las familias nicaragüenses.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), afirmó que “en menos de 24 horas tenemos más de 750 personas secuestradas (…) hay familias enteras (que) están secuestradas ahorita”.
Esta es una situación “de profunda violación a los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de protestar, de la libertad de todos los derechos fundamentales que tiene el ciudadano y que esto es producto de una represalia que no debería estar sucediendo por parte del Estado de Nicaragua”, expresó Leiva.
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“Estamos hablando de migración, estamos hablando de una persecución, de una cacería hacia el ciudadano”, sostuvo Leiva Sánchez.
Por su parte, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, advirtió que con esa actuación arbitraria “el Gobierno está forzando a los ciudadanos a tomar acciones que no son gratas para nadie, no son gratas para la paz”.
Y recordó que esto fue lo que se vivió durante la dictadura de Somoza y luego con el mismo Daniel Ortega durante la década de los ochenta, cuando muchos fueron obligados a adoptar “opciones extremas” e irse a la clandestinidad. Es, por ello, que Cuevas consideró que “el Gobierno está apagando el fuego con gasolina, cree que va apagar estas llamaradas de protesta, el Gobierno está apostando a apagarlas mediante la represión, eso no va a pasar”.
Casos concretos
Entre los casos de secuestro que Leiva menciona está el de Christian Fajardo, uno de los dirigentes del Movimiento 19 de Abril, en Masaya, quien fue arrestado el domingo reciente en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, supuestamente por soldados del Ejército de Nicaragua que posteriormente lo entregaron a la Policía del régimen.
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Leiva Sánchez dijo haber conocido el caso por parte de la familia de Fajardo, quien le aseguró que ante la persecución de la cual era objeto, este buscaba cruzar la frontera sur del país, cuando fue arrestado por miembros del cuerpo castrense “en la guardarraya” , lo que para el defensor de derechos humanos es ilegal.
“A él (Ejército) no le corresponde capturar a nadie, eso es a Migración y a la Policía Nacional”, explicó Leiva, tras preguntar “¿por qué el Ejército tiene que tener esa información? El Ejército ya no tendría imparcialidad en su actuación”.
LA PRENSA consultó con Relaciones Públicas del Ejército que informó que Fajardo fue retenido en el paso ilegal del Guásimo al Oeste de Peñas Blancas. Según explicó el Ejército, el procedimiento establece que un nicaragüense encontrado en un paso ilegal es entregado a la Policía.
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El 20 de junio pasado, el orteguismo le habría pegado fuego a un hotel de la propiedad de Fajardo en la madrugada.
Al igual que este dirigente fue arrestado este lunes Chéster Membreño, también integrante de los autoconvocados en Masaya.
Los familiares de Membreño aseguran que a eso de las 8:30 a.m. recibió una llamada telefónica y luego salió de la casa. Posteriormente su padre recibió una llamada telefónica de Membreño, a través de la cual le informó del arresto.
La situación que viven muchos habitantes de Masaya es de persecución, pues a la par de que la ciudad permanece sitiada por paramilitares y hay listados de personas buscadas para arrestarlas.
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Esto ha llevado a muchos de ellos a buscar como huir del país, confirmó Gabriela García, cuyos familiares viven en Masaya. Según ella, varios miembros de su familia, incluso ella misma, se encuentran bajo amenaza de detención. Ella confirmó que sus hermanos, Ramón y Salvador García, se vieron obligados a dejar el país para evitar ser apresados de forma arbitraria.
El caso de la joven Valeska Sandoval y otros
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, conoció el secuestro de 26 jóvenes, de los que permanecieron atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y luego refugiados por horas en la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia. Sierra aseguró que los jóvenes fueron secuestrados por paramilitares de la casa de seguridad donde permanecían, después que fueron malinformados por un miembro de los llamados CPC.
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Los organismos enfrentan el problema de identificar con certeza quiénes han sido secuestrados o detenidos, debido a que por seguridad los jóvenes adoptaron seudónimos mientras permanecen en los albergues , explicó Sierra.
Entre las secuestradas está Valeska Sandoval, la joven que estuvo atrincherada en la UNAN-Managua y que conmovió a la población por las redes por su emotiva despedida de sus familiares, el 13 de julio, cuando estaban siendo atacados por paramilitares.
Todavía la mañana del lunes el Cenidh no conocía el paradero de los secuestrados, pero según Sierra “se supone están en El Chipote (…) pero es un supuesto a partir de informaciones de las madres”.
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Sin embargo, este mismo lunes en la tarde el Ministerio Público acusó a diez jóvenes que estaban atrincherados en la UNAN-Managua por los delitos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas de fuego.
La audiencia se realizó en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, en el auditorio a puertas cerradas.
Entre los acusados están Fredrych Eliseo Castillo Huete, Jeffrey Isacc Jarquín, Justino Antonio Jarquín, Bryan Alexander Palma Aráuz y Jorge Carlos Zapata Guillén. Igual que Pedro Antonio Aguilar Sánchez, Carlos Anuar Varela Pavón, Moisés Alexander Sobalvarro y Marín Josué Jarquín Paz.
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Según la acusación, la Policía viene dando seguimiento “al grupo delictivo” desde mayo pasado, cuando se tomaron la UNAN-Managua, criminalizando con esto el derecho de los estudiantes a protestar.
Los señalan de levantar tranques con adoquines que arrancaron de las vías que van hacia la universidad, bloqueando el acceso al recinto. “Funcionan como grupo terrorista”, dice la acusación.
Otros hechos de detenidos
La directora del Cenidh conoció de otros quince jóvenes detenidos por el kilómetro 14 de Carretera a Masaya, quienes están en El Chipote.
Sierra dijo que tras el desalojo a las madres y los familiares en las inmediaciones del portón principal de la cárcel, a los familiares se les hace más difícil conocer si están o no ahí. La defensora de derechos humanos explicó que la permanencia de las familias frente a la prisión les facilitaba obtener alguna información sobre sus hijos, cuando algún detenido era liberado les brindaba información si estaban presos allí o enviaban información con estos.
Al tener las fuerzas del Gobierno control del lugar, pues varios empleados públicos llegaron a demandar justicia para los policías que han muerto en las protestas, se limita el acceso a información.