El dirigente campesino Medardo Mairena está siendo sometido a torturas y además criminalizado por el sistema de justicia, denunció el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, quien aseguró que la mayoría de los procesos judiciales ventilados en los últimos días por el sistema de justicia en Nicaragua violentan los derechos humanos de los procesados.
Montenegro, quien hasta este miércoles fue notificado por el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia su acreditación como defensor técnico de ambos representantes campesinos, denunció que ha conocido que aunque Mairena fue remitido al Sistema Penitenciario Nacional (SPN), lo movilizan constantemente al Chipote, a su vez que en el SPN “es objeto de golpiza”, por parte de una persona a quien solo identifican como Carlos alias “El Chacal”, por lo cual presume que fue el motivo por lo cual la audiencia preliminar no fue pública.
El Ministerio Público ahora pone alias a los detenidos
Además el sistema de justicia se suma a la criminalización a estas personas al acreditarles alias como si se tratase de células o grupos delictivos.Tal es el caso del expediente abierto contra Mairena, a quien la Fiscalía le ha endilgado el apodo de “El Delegado” .
Mairena junto a ocho personas más, son acusados de ser los coautores de los delitos de al menos nueve delitos entre los que resaltan terrorismo, crimen organizado y asesinato.
La CPDH mantiene el criterio que ambos dirigentes campesinos tienen una desaparición forzada, por lo que el defensor solicitará ante el judicial una entrevista con sus representados y una solicitud para que sean remitidos ante un médico forense “para que el juez se pronuncie. Si no lo hace es porque tenemos alguna situación irregular”.
Anomalías empiezan con detenciones
Explicó Montenegro que las anomalías empiezan con las detenciones pues en su mayoría han sido realizadas de forma arbitraria, basados en secuestros ejecutados por paramilitares y detenciones ilegales de la policía, y que pese a los recursos de exhibición personal, permanecen encarcelados después de las 48 horas establecidos por la Constitución Política de la República, siendo remitidos a los tribunales hasta seis días después de la detención.
Lo peor, dijo Montenegro, es la situación “casi cotidiana” de indefensión en que han sido dejados los detenidos pues han sido llevados a audiencias sin siquiera contar con un defensor público o de oficio, “totalmente a manos de la acusación fiscal, que les atribuyó un ilícito que no se cuestionó”.
Esto para el defensor las audiencias no solo son ilegales e irregulares, sino “nula porque el Código Penal contempla una excepción y es que cuando el abogado defensor no se presente, no invalida la audiencia”, pero en estos casos los abogados han estado presente, como sucedió con el caso de los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.
El abogado defensor relató que en estos casos “nos han hecho correr de juzgado a juzgado para saber en que salón están determinados acusados para llevarles el proceso, y en algunos casos han hecho la audiencia sin la presencia nuestra. La han hecho en la parte restringida, donde solo tienen acceso jueces, fiscales y defensores públicos”.
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Son criminalizados
Montenegro aclaró que esto es una situación generalizada pues “de hecho están criminalizando todo lo que signifique oposición, lo que signifique protesta cívica, marcha”, pues igual pasa con otros jóvenes procesados.
“Están siendo objeto de un tratamiento especial por delitos poco claros. Es decir que no corresponden a los hechos que quieren acusar, a delitos de terrorismo, uso de armas restringida, de AK, como el caso de Matagalpa pues a los cinco muchachos se les atribuye ese delito”, indicó Montenegro, quien expresó, “prácticamente se les pone a ellos como si fueran una especie de comando especial al estilo Rambo y los pobres policías inocentes que no podían defenderse. Prácticamente a ese nivel es que los están acusando”.