Aumentan presos políticos en Nicaragua por protestas sociales contra Ortega

Aumentan presos políticos en Nicaragua por protestas sociales contra Ortega

Del 23 de abril al 25 de julio 2018 existen 137 personas procesadas en diferentes juzgados del país

25/07/2018

Medardo Mairena y Pedro Mena durante la primera audiencia, que se realizó en secreto, sin la presencia de sus abogados ni sus familiares. LA PRENSA/ CORTESÍA

Los lamentos de los nicaragüenses que han participado de alguna manera en las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en busca de justicia y democracia, están dividos entre las cárceles y los tribunales de justicia del país.

Durante los tres meses de protesta pacífica se han acusado y procesado a 137 personas distribuidas en 34 expedientes, de terrorismo, crimen organizado, secuestro, crimen organizado, incendio, asesinatos, entre otros delitos, en los juzgados de Managua, Granada, Estelí y Jinotepe, principalmente. La mayoría de los acusados son estudiantes y seis de ellos adolescentes.

Este dato es confirmado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien presta el servicio de defensa gratuita a los pobladores manifestantes, como una forma de defensa de los derechos humanos, y abogados penalistas independientes que ejercen defensas. Los seis adolescentes ya están en libertad gracias a las gestiones de la abogada Yonarqui Martínez, de la CPDH.

Hay expedientes donde de una vez acusan hasta 14 personas, tal es el caso en Estelí, donde la Fiscalía los identifica como “Los Chapulines”a quienes estuvieron en el tranque sur de esa ciudad, haciéndolos ver como delincuentes. También está el caso de los 10 estudiantes de que estaban atrincherados en la Unan-Managua y el caso de los líderes campesinos donde acusan a Medardo Mairena y Pedro Mena.

Aunque los primeros cinco reos políticos fueron presentados en los juzgados de Managua el 23 de abril, en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, por el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, en el barrio El Paraísito; la mayoría de acusaciones fueron presentadas por el Ministerio Público entre junio y julio de 2018.

Fiscalía parcializada

La masiva presentación de expedientes en los juzgados se dio después de la “Operación limpieza” que realizaron las famosas “caravanas de la paz”, cargadas de paramilitares fuertemente armados, en todos los departamentos del país, donde había tranques y barricadas en los barrios.

Además, los procesos judiciales arreciaron, después que Murillo exigió justicia públicamente, para “la familia sandinista” presuntas víctimas de los “golpistas”, dijo que habían instituciones que se encargarían de eso como la Policía, Fiscalía y Poder judicial.

A pesar que existen 295 asesinados durante las protestas, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fiscalía solo ha acusado por el asesinato de nueve personas entre ellas cuatro policías, un trabajador pro gobierno, un paramilitar y a penas tres civiles.

En cambio todos los acusados son civiles a pesar que la CPDH y pobladores afectados han denunciado hasta la saciedad ante el Ministerio Público, el ataque de paramilitares y policías que han matado a sangre fría a ciudadanos manifestantes, tal es el caso de la familia quemada viva, expresó Pablo Cuevas, asesor legal de este organismo de derechos humanos.

“Hay gran cantidad de denuncia ante el Ministerio Público contra Policías y paramilitares, además hay videos y fotos de la población de como estos ejecutaron a ciudadanos y ni uno solo está procesado. Esto evidencia que hay dos clases de nicaragüenses el que tiene inmunidad para delinquir y asesinar y el que solo por portar una bandera azul y blanco lo matan y procesan”, dijo Cuevas.

El defensor de derechos humanos agregó que la Fiscalía está evidentemente parcializada, olvidando su principio de objetividad, según la ley. “La Fiscalía llega al punto de inventar falsas acusaciones”. De igual manera lo ha sostenido la CIDH en uno de sus informes.

Contradicciones

La Fiscalía en su afán de criminalizar la protesta ha subsumido a la fuerza acciones dentro de delitos que no caben como el terrorismo, explicó Julio Montenegro, abogado de la CPDH. Además con el afán del gobierno de Ortega de hacer ver a los manifestantes como delincuentes y asegurar la prisión preventiva los acusan de crimen organizado, secuestro simple, delitos contenido en leyes especiales.

También acusan delitos común como robo agravado, entorpecimiento del servicio público, uso de armas restringidas, motín entre otros delitos.

Todos los casos hasta ahora presentados tienen evidentes contradicciones entre hechos y elementos de prueba, tal es el caso de Brandon Cristofer Lovo Tayler y Glen Abraham Slate, acusados de asesinar al periodista Ángel Gahona, donde la Fiscalía pretende implicarlos con una arma hechiza con un supuesto alcance de hasta 350 metros de distancia, según la Policía. Situación inverosímil rechazada por defensas.

Puede interesarle: Más inconsistencias en el caso del periodista asesinado Ángel Gahona

En el caso de los cinco jóvenes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa, la Fiscalía ofrece testigos que afirman no reconocer a los muchachos. Además, la mayoría de testigos ofrecidos en los casos son polícias, mismos que han perseguido y asesinado a la población coincidieron Montenegro y Cuevas.

Violación al debido proceso

Entre las principales violaciones al debido proceso, según explicó Montenegro están detenciones ilegales, violación de términos de las 48 horas para investigación, sustracción del juez competente por territorialidad, retraso injustificado de traslado de reos a los juzgados y a medicina legal.

También está la celebración de audiencias privadas, niegan el derecho al reo de nombrar abogado de su elección, aunque abogados de CPDH estén esperando afuera y se lo hayan comunicado previamente al juez.

Además, los jueces no ordenan medias alternas a la prisión preventiva, aunque el delito así lo comtemple por tener penas menores a los cinco años de cárcel. “La orden es prisión preventiva y tramitación compleja, lo que vuelve más tardado el proceso y da tiempo a la Fiscalía para ampliar la acusación, explicó el abogado Montenegro.

Mientras en el Sistema Penitenciario, a estos reos políticos les restringen las visitas, los golpean y los tienen en cárceles de mayor seguridad.

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