Por conocer los foros internacionales y el lenguaje que se utiliza en ellos, con vergüenza ajena vi y escuché la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 16 de julio sobre la situación de Nicaragua. Con insistencia el ministro de Relaciones Exteriores pretendió imponer como verdad las alucinaciones del régimen. Solo la delegada de Venezuela repitió con las mismas palabras la cantaleta sobre la conspiración terrorista para derrocar el gobierno de la pareja Ortega-Murillo.
Bolivia por su parte retiró la propuesta que pretendía neutralizar la condena al Gobierno de Nicaragua —por la brutal violación de los derechos humanos— cuando constató que no sería apoyada ni por los Estados insulares de Petrocaribe. Prudentemente también, Bolivia se retiró de la sala para no votar con Venezuela contra la resolución de condena, y para no exponerse a las consecuencias internas e internacionales de ese voto. La abstención tampoco habría sido opción frente a sus aliados.
La veracidad de las atrocidades de la pareja es conocida por los gobiernos de la región y fuera de esta. Tienen embajadas en Managua, que es su fuente primaria de información, y la OEA, aunque esté integrada por países de la región, tiene como observadores permanentes a Estados que tienen legaciones diplomáticas en Washington DC, sede de la organización. La resolución de condena por tanto fue aprobada de manera abrumadora y es vinculante. Per contra, la resolución de expiación del Gobierno propuesta por el representante de Nicaragua fue rechazada de manera superlativa.
La resolución de censura condenó todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo los de la Policía y grupos parapoliciales, agregando que se debe proceder a identificar y procesar judicialmente a los responsables. Que el Gobierno de Nicaragua no cumplirá con la resolución se desprende del discurso de Daniel Ortega el 19 de julio.
En la comandancia del Ejército se conoce muy bien quiénes son esos parapoliciales, quién los recluta, los coordina, los arma, los dirige y les paga. Para eso está la Dirección de Información para la Defensa.
Dice la Constitución Política que una de las atribuciones del presidente de la República es cumplir con la Constitución y con las leyes, así como hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan. En otra disposición se lee que el Estado de Nicaragua debe promover la preeminencia de los Derechos Humanos en el país, los contenidos en los convenios internacionales identificados en la misma Constitución.
Y el Código Militar dice que el Ejército se regirá en apego a la Constitución Política, las leyes y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. El Ejército entonces, ¿es cómplice de la violación de los Derechos Humanos en Nicaragua?
El autor es doctor en Derecho.