El político opositor y sociólogo Oscar René Vargas se sumó a la lista de perseguidos políticos, ya que, aseguró, existe una orden de captura en su contra por apoyar las protestas ciudadanas y criticar la represión del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta designada Rosario Murillo.
Para Vargas, exasesor de la Dirección Nacional del FSLN, “estamos en la fase pinochetista del régimen” (por su comparación al comportamiento de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile) en que se causa muertes, heridos, desaparecidos y presos políticos”.
La brutal represión de la Policía Nacional y paramilitares bajo las órdenes del Ejecutivo de Ortega y Murillo ha causado 448 asesinatos entre el 18 de abril y el 25 de julio, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
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Criminalizar la protesta y judicializar a los que participan en estas y a todo aquel que alce su voz en apoyo a las manifestaciones es parte de la represión.
Vargas explicó que el reciente fin de semana, en las redes sociales de medios oficialistas, partidarios orteguistas comenzaron a objetivizarlo como “un golpista” y luego el lunes fue alertado por amigos que laboran en el sistema judicial que el Gobierno ordenó su arresto, acusándole de apoyar un supuesto golpe contra Ortega, siendo ese el argumento del Ejecutivo para descalificar la resistencia ciudadana.
Oficialmente no se ha informado de que haya acusaciones penales contra Vargas, pero el político opositor ha tomado medidas de protección como dejar su casa y refugiarse en una casa de seguridad.
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“Lo que el Gobierno está buscando es descabezar a los movimientos sociales a través de arrestar a los líderes locales y a todo el que critique la violencia contra el pueblo. Yo no participo en ninguna organización, pero he dado declaraciones y he participado en las marchas”, dijo Vargas.
Los defensores de los derechos humanos también son perseguidos por paramilitares del régimen, como el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quien denunció amenazas.
Judicializar a los que protestan
Existen 137 personas procesadas en diferentes Juzgados del país entre el 23 de abril y el 25 de julio 2018, por participar en las protestas pacíficas. Las acusaciones contra estas son terrorismo, crimen organizado, secuestro, asesinatos, entre otros delitos.
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La mayoría de los acusados son estudiantes y seis de ellos adolescentes. Este dato es confirmado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el que fue publicado en la edición del jueves de LA PRENSA. La masiva presentación de expedientes en los Juzgados se dio después de la “Operación limpieza” que realizaron las famosas “caravanas de la paz”, cargadas de paramilitares fuertemente armados, en todos los departamentos del país, donde había tranques y barricadas de los ciudadanos en los barrios.