La democracia es el mejor sistema de gobierno. Es tan bueno, que hasta los corruptos y tiranos se escudan en ella para continuar siendo tramposos y totalitarios.
Nicaragua y Venezuela resaltan este concepto. Los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro se mantienen en el poder sin consecuencias, pese a sus abusos y excesos. Con total impunidad persiguen y encarcelan a opositores, reprimen manifestaciones públicas, censuran la libertad de prensa, deshacen procesos de diálogo a su antojo, disuaden con violencia extrema, dosifican alimentos e incentivan el éxodo.
Ortega asumió su segunda presidencia en 2007 y Maduro en 2013 como continuador de la dictadura de Hugo Chávez, que arrancó en 1999. Se vienen aferrando al poder mediante elecciones fraudulentas a las que no permiten supervisión. Más que asumirse gobierno para administrar los bienes de todos, siempre se arrogaron ser Estado, de ahí que les resbala el sistema republicano que obliga a respetar el equilibrio de poderes y a las minorías.
Si esta crisis política, social y económica hubiera ocurrido en los setenta, Ortega y Maduro ya serían pasado. En aquellas épocas, también oscuras, los golpes de Estado primaban por sobre los procesos electorales. Ahora, los resortes democráticos para desembarazarse de regímenes corruptos y autoritarios son más respetuosos y complejos. La democracia reclama métodos prolijos y transparentes, aunque no coinciden con la preferencia de quienes sufren en carne propia a los dictadores.
Sin probabilidades de golpes de Estado, invasiones o revoluciones internas, Ortega y Maduro acusan que cualquier propuesta de elecciones anticipadas o de diálogo con la oposición son injerencias a su soberanía, actos de sabotaje o terrorismo internacional. Mientras tanto, ganan tiempo prometiendo negociaciones y diálogos que nunca cumplen. Estos dictadores siguen desviando la atención, pese a saber que la comunidad internacional puede vigilar situaciones internas cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, tal lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.
Por suerte, la comunidad internacional está ahora más proactiva que cuando Chávez compraba silencios con una abultada “petrobilletera” y apalancaba regímenes autoritarios como el de Ortega.
A las sanciones económicas e inmigratorias que impusieron EE.UU., Canadá y la Unión Europea a funcionarios de alto rango de ambos países, en la OEA hubo acuerdos para exigir a Nicaragua elecciones anticipadas y el cese de la violencia, que contabiliza más de 350 asesinatos a manos de paramilitares y francotiradores progubernamentales.
Veintiún países respaldan a la oposición y a la Iglesia católica de Nicaragua que pidieron que Ortega se someta a elecciones el 31 de marzo de 2019, dos años antes de lo previsto.
Sin dudas un posible acuerdo de elecciones anticipadas descomprimiría la presión actual, aunque no ofrece garantías de que Ortega salga de la película. Mientras mantenga las usuales prácticas de fraude electoral y la estrategia propagandística de pan y circo que le permitieron reelegirse con fraude masivo en 2011 y 2016, Ortega tiene todo para seguir apoltronado en el poder.
Los resortes democráticos son insuficientes ante situaciones extremas como la que viven los nicaragüenses. El aislamiento total puede ser una solución, pero debe ser de rápida y eficiente ejecución, de lo contrario puede terminar siendo un desgaste de largo aliento que profundice la crisis que se quiere resolver. El embargo a Cuba sirve de espejo.
El autor es periodista. Director Ejecutivo de la SIP.