En Chinandega los que han hecho tomas de tierra han dicho que los han mandado. En Managua dicen que tienen derechos y que han luchado por Nicaragua. Son los tomatierras que desde finales de mayo pasado se han apoderado de varias propiedades que, curiosamente, pertenecen solamente a empresarios o productores que han tomado una posición crítica contra el Gobierno. No invaden propiedades de los sandinistas.
Están en varios puntos de Managua y en varios departamentos del país. En la capital, en Sabana Grande, en la Suburbana por el cementerio de San Judas, por Ciudad Belén, en la Carretera Nueva a León por el kilómetro 18. Y también en Chinandega, Estelí, Granada, León, Matagalpa y Jinotega. Y hasta ya han comenzado el proceso de legalización de las tierras. Así lo confirmó LA PRENSA en visita tanto al Registro Público de la Propiedad como a los terrenos ocupados.
Según los solicitantes de trámites, secretarios políticos territoriales del Frente Sandinista les dijeron que “ya viene el proceso de legalización” ante las oficinas de Catastro de la Alcaldía de Managua, de los lotes que ocuparon arbitrariamente.
El sociólogo Cirilo Otero explica que los abusos y las tomas de tierras han sido una práctica vieja del sandinismo y del orteguismo y puso como ejemplo cuando el FSLN perdió el poder en 1990 y mandó a su gente a tomar tierras, prometiendo que luego iba a legalizarlas. Son “métodos de presión” que el orteguismo utiliza en contra de sus adversarios, indica Otero.
Policía incapaz
Casi frente a la entrada a residencial El Doral, en el kilómetro 18 de la Carretera Nueva a León, se podía apreciar esta semana un intenso trajinar en unas tierras que hasta hace unos 10 días estaban vacías. Un grupo de personas, portando todo tipo de armas caseras y también algunas pistolas, construyeron champas. Según contaron vecinos del lugar, la propiedad ya está parcelada y un funcionario de la Alcaldía de Mateare, que es el cobrador de impuestos, es el encargado de lotificar.
Los tomatierras adornaron con banderas del FSLN el alambrado de la propiedad, que está a la par de la carretera. Los vecinos del lugar indican que la Policía ha llegado, discuten con ellos, pero al final no pasa nada. La gente se queda.
Algo similar ocurre cerca del cementerio de San Judas, en la carretera Suburbana. Allí los tomatierras hasta han instalado pequeñas pulperías donde venden principalmente bebidas gaseosas y golosinas. El lugar es ya casi un pequeño barrio y se observa a las mujeres cocinando en fogones improvisados.
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En Chinandega, a la Fundación Coen se le han tomado al menos tres propiedades, una de estas urbana de 10 manzanas, donde se tenía previsto construir un proyecto habitacional de viviendas de interés social. Allí llegaron personas armadas, bien organizadas y ya están parcelando la propiedad, explica Carlos Zúniga, abogado de Fundación Coen. Si los propietarios verdaderos se acercan, los amenazan. Son bastante violentos. Y cuando fueron a la Policía, los agentes dicen que van a ir a investigar, pero nunca llegan.
Son “confiscaciones”
Los empresarios tienen claro que estas tomas de tierra se tratan de un ataque del gobierno al sector privado. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, indica que desde hace varias semanas se ha venido viendo una nueva forma de confiscación en Nicaragua con las tomas de tierras que ya han afectado a más de 30 propietarios en diversas partes del país.
“En la información que se ha recibido se indica qué hay manejo de funcionarios políticos, municipales y partidarios del gobierno detrás de estas acciones. Estas propiedades son de productores privados, algunos con vinculación a las organizaciones gremiales del país. Entre los propietarios afectados no se conoce de ningún allegado al partido de gobierno. Desde el sector privado hemos denunciado esta nueva vulneración al estado de derecho y que es una medida de represión dirigida ante las circunstancias que estamos viviendo en el país”, acusó el dirigente empresarial.
Una actitud desesperada
Un exaliado político del FSLN, el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, estaba aún medio dormido una mañana reciente cuando lo llegó a buscar una persona muy conocida para hacerle una consulta. Miembros del partido de gobierno, el FSLN, le dijo a Jarquín, lo llegaron a buscar para invitarlo a tomarse unas tierras que están en Carretera Nueva a León. Aunque primero tenía que afiliarse al partido y obtener un carné del mismo.
Jarquín Anaya instó a su amigo a no hacerlo y le recordó que, como evangélico que es, “Cristo enseña a hacer lo correcto”.
(Con las tomas de tierras) le crean un daño severo al país, porque con estas acciones violan el derecho constitucional de la de propiedad y a la vez genera inseguridad jurídica y ahuyenta a la inversión extranjera y nacional”. Agustín Jarquín Anaya, exdiputado.
Según Jarquín Anaya, las tomas de tierras que se han producido en el contexto de la actual crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua es una evidencia de que existe una instigación oficial por parte del partido gobernante hacia las personas que tienen tierras y que provocan un daño terrible en la sociedad, y también una evidencia de que el orteguismo está en una situación desesperada porque se están quedando sin simpatizantes.
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“Esto evidencia el gran deterioro que han tenido en sus bases, la gente los repudia y a fuerza de hacer un delito, de inducir a las personas a cometer actos contra la Ley, a involucrarlos en el robo, en afectar lo que es la propiedad privada y dañar la imagen del país más de lo que la han dañado”, dijo Jarquín Anaya.
“Las tomas de tierra le estallarán en la cara”
Al exprocurador general de la República, Alberto Novoa, también le han llamado la atención las tomas de tierras que se han producido desde mayo pasado. Novoa indica que “el desbordamiento popular”, alimentado por personas interesadas en crear más inestabilidad de la que ya existe ha hecho posible que se produzcan los actos vandálicos contra las propiedades de los productores.
“Las fechas en que se dieron estas tomas de tierras eran las fechas en que el pueblo se había desbordado y el Gobierno estaba prácticamente con el agua al cuello. Y una forma de reaccionar era tomemos tierras porque esto nos va a dar apoyo popular. Y luego de esto afectamos a un sector, dice el Gobierno, con el cual rompemos relaciones, que era el Cosep, o sea, la burguesía nacional. Eran dos mensajes, primero, afectar la imagen de seguridad que prevalecía y, segundo, darle un mensaje a los dueños de tierras de que no la tenían ganada”, explicó Novoa.
El Gobierno, al sentirse con el agua al cuello, consideró que la anarquía iba a generarle popularidad y orientó a sus seguidores a que promovieran la anarquía y ahora esa anarquía le va a estallar en la cara”. Alberto Novoa, ex procurador general de la República.
El problema, indica el exprocurador, es que ahora al Gobierno le corresponderá legalizar esas tierras, porque están al margen de la Ley, “en una situación de hecho”, y además estaría promoviendo las tomas de tierras en todo el país.
“El Gobierno, al verse con el agua al cuello, consideró que la anarquía en todos los campos iba a generarle popularidad y orientó a sus seguidores a que promoviera la anarquía y ahora esa anarquía, en estos momentos, no sé, dentro de un mes, le va a estallar en la cara. El problema ahora se revierte hacia el Gobierno. ¿Cómo legalizar esa situación?”, dijo Novoa.
La toma cerca de la Jean Paul Genie
La Fundación Coen tiene una propiedad a aproximadamente una cuadra de la rotonda Jean Paul Genie. Este último lugar ha sido escenario de protestas en contra del Gobierno desde abril pasado.
El pasado 29 de junio, el vigilante de la propiedad vio cómo personas armadas con escopetas, pistolas y armas hechizas invadieron la misma y a él lo sacaron mientras le apuntaban con las armas y le tiraban piedras. La esposa del vigilante y sus dos hijas quedaron dentro. Luego, los armados las liberaron pero dejaron retenido a un hermano de la mujer.
El abogado de Fundación Coen, Carlos Zúniga, puso la denuncia en la Policía y les habló del secuestro, pero no hubo respuesta de los agentes.
Fue hasta el día siguiente, cuando se hizo la Marcha de las Flores, que estudiantes de la UNAN sacaron a los tomatierras después de que estos últimos dispararon contra la manifestación y causaron víctimas mortales.
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departamentos del país se han visto afectados con las tomas de tierras por órdenes del gobierno de Daniel Ortega, como una forma de represalia contra los productores. En estos están Managua, Estelí, Chinandega, León Matagalpa, León y Rivas.
Caso Healy
Una persona que participó en la mesa del Diálogo Nacional, el productor Michael Healy, ha sido uno de los más afectados con esta ola de toma de tierras promovidas por el gobierno de Daniel Ortega.
A inicios de junio pasado, Healy, presidente de Upanic, había dicho que en León y Chinandega los productores iban a “sacar sus tractores y otra maquinaria para reforzar la protesta”, en alusión a los tranques.
Luego, Healy vio cómo a él los tomatierras enviados por Ortega le afectaban sus propiedades.
De acuerdo con el exaliado de Ortega, el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, la acción de los tomatierras es una revancha de Ortega contra las personas que han tomado una posición en contra del Gobierno, y más aún que Healy es parte de la mesa del Diálogo Nacional, donde se le ha pedido a Ortega que adelante las elecciones.