Los más afectados ante la decisión gubernamental de no entregar los avales de exoneración que requieren los empresarios para sacar de aduana sus productos importados, serían los consumidores finales, por tal razón el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC) pide al Gobierno replanteé su decisión.
Juan Carlos López coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), explica que si el Gobierno decide ponerle fin a las exoneraciones, los empresarios ya dijeron que trasladaran ese costo a los consumidores, que han sido afectados con la crisis sociopolítica que enfrenta el país.
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López indica que si esto sucede, el poder adquisitivo se reduciría aún más, por lo que considera necesario que el Gobierno replantee su postura, dado a que la presión que están estableciendo a la empresa privada, al final a quien afecta es a la población en general.
“Esto es una fisura política que va más allá de afectar a la empresa privada, porque al quitar esas exoneraciones efectivamente a quien afectarían es al consumidor, porque si los empresarios no logran sacar su mercancía van a tener que pagar y al final lo que pagó se lo trasladará al consumidor, eso implicaría un encarecimiento de los productos y eso lo sabe el Gobierno”, dijo López.
Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (INDEC), manifestó que no es de sorprenderse que estos costos se lo trasladen al consumidor, pues siempre al consumidor le cobran los platos rotos.
“A pesar que a ellos (los empresarios) les estaban dando exoneraciones, la verdad es que los productos nunca fueron favorables para los consumidores”, dijo.
Además de afectar a la población con el incremento de los precios, de los productos de la canasta básica, la medida reducirá la competitividad de la base exportable del país y dada la crisis que enfrentan actualmente, obligará a muchas empresas a despedir personal.
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López sostuvo que el tema del recorte de la exoneraciones debe ser negociado y de aplicarse debe ser gradual, con el objetivo que los consumidores no sean afectados cargando ese costo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva años insistiendo al Gobierno en la eliminación de las exoneraciones.
En marzo de 2015, el FMI señaló que si se eliminaban las exoneraciones y exenciones, “el potencial incremento de los ingresos (fiscales) puede llegar al seis y 6.5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”.
Presión
Los empresarios consideran que esta es una medida de presión del Gobierno, después que el sector privado exigió realizar reformas que encaminen a Nicaragua a la democracia.
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Durante 11 años los empresarios mantuvieron un modelo de diálogo -consenso, pero después de la ruptura y de participar en la Alianza Cívica, el Gobierno comenzó a presionarlos con las toma de tierras, saqueos, quema de negocios, así como el establecimiento de multas por mantener el sigilo bancario.
Tras conocerse públicamente la queja del sector privado el jueves por la noche ,el Gobierno de Ortega emitió un comunicado negando que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) esté reteniendo la mercadería importada, pese a “los acontecimientos extraordinarios provocados por los golpistas”.
Pero en el mismo comunicado el Gobierno no explica por qué Hacienda no ha emitido los avales de exoneración.